Dos experiencias con archivos policiales

El 1 de abril de 1976 vivíamos bajo el gobierno de Arias Navarro. El ministro de la Gobernación era Manuel Fraga y, en París, el Gobierno vasco en el exilio había elegido Iruñea como lugar de celebración del Aberri Eguna. El PNV y el PSE avalaban la decisión, mientras ETA mantenía secuestrado a Ángel Berazadi, a quien después asesinó. El clima político estaba muy enrarecido.

Joseba Goikoetxea acababa de salir de la cárcel de Carabanchel junto a Carlos Zarraga y Antón Landa, los tres del PNV. Junto con él y Bingen Zubiri, ese día fuimos a un cuarto que en la calle Egaña, detrás de la Alhóndiga, nos había alquilado el estupendo Sabin Zubiri, quien nos dijo que era perfecto ya que el ascensor llegaba al garaje y de esa forma se podía sacar la propaganda directamente y sin que nadie nos viera. Y así lo hicimos. Pero aquel ciclostil último modelo metía el ruido de una cementera. Todo era clandestino, pero asimismo bastante ruidoso. Imprimimos el llamamiento, hicimos paquetes, los metimos en el ascensor y... al llegar al garaje cinco policías nos rodearon. Estábamos detenidos. A mí me llevaron a la sede camuflada que tenía el partido en la calle Iparraguirre 39, el despacho de abogados de Estrade y Zamalloa. Lo revisaron. Y de allí me llevaron a la comisaría central de la policía en la calle Gordoniz. Primero, la ficha. "¿Cómo se llama usted?". "Iñaki Anasagasti". "Rectifique. Aquí no hay ningún nombre de persona bajo Iñaki. Aquí Iñaki se les llama a los perros". "Lo siento. Nací en Venezuela, estoy bautizado y registrado con este nombre. Quiero que venga el cónsul de mi país". No sé de dónde me salió aquello, el caso es que gracias a eso no me dieron una paliza. Sí lo hicieron con Joseba y con Bingen. Y allí estuvimos en unas celdas mugrientas de dos por tres y sin nada durante tres días. Al tercero nos metieron en un furgón y nos llevaron a los juzgados de Albia. Al abrir la puerta, había tres personas: Xabier Arzalluz, Elisabete Bizkarra y mi hermano Jon. Arzalluz cuando me vio, me dijo: "Tú, a Venezuela, a hacer dinero". "De eso, ni hablar". Nos tomaron declaración y nos dijeron que cada semana volviéramos. Nunca lo hicimos.

En junio de 1979, Carlos Garaikoetxea sustituía a Ramón Rubial como presidente del Consejo General Vasco. Tras la ceremonia, hubo una recepción dentro de la Casa de Juntas. Y allí estaba aquel policía, el que me dijo que Iñaki era el nombre que se daba a los perros. Fui donde él. "¿Se acuerda de mí?", le dije. Me miró sorprendido y me contestó: "Eran otros tiempos" y se escabulló. La policía seguía siendo la misma policía que en la dictadura. En ese momento era uno de los escoltas del gobernador.

Pasó el tiempo. A Joseba Goikoetxea lo asesinó ETA en la calle Tívoli de Bilbao hará en noviembre 20 años. Es de justicia recordarlo. Y pasó más tiempo. Un día, mi prima Izaskun, que trabajaba en la oficina de Iberia de la calle Ercilla, me llamó y me dijo. "Nos han asaltado para robarnos y ha venido la policía. Nos han llevado a la comisaría para que reconociéramos a los ladrones y nos han sacado álbumes con fotos de delincuentes. En una de esas hojas estabas tú con Goikoetxea y Zubiri. Que lo sepas".

Hice la oportuna denuncia al gobernador y formulé la consabida pregunta parlamentaria. Hasta hoy. El franquismo jamás depuró sus fichas policiales, jamás enseñó sus archivos, jamás supimos qué había pasado con toda la represión anterior, jamás a nadie le ha sido permitido investigar en aquellos ficheros del horror. Y uno se enteraba de estas cosas por simple casualidad. Políticos y comunes en un mismo álbum. Eso sí. Venga alabar la democrática transición española basada en la impunidad y en la inmunidad.

Segunda experiencia. Esta vez en Guatemala donde he estado en la última semana de enero de este año, de la mano de dos activas ONG de Madrid (Paz con Dignidad y Paz y Solidaridad) y con representantes de todos los grupos parlamentarios. Se trataba de hacer un seguimiento sobre el respeto a los derechos humanos en aquel país.

Una de las visitas fue al Archivo Policial. Para llegar al antiguo cuartel hay que superar una desastrada entrada llena de coches desguazados. Los policías de la dictadura habían camuflado este centro de manera tan disuasoria. Este cuartel estaba cerca de otro donde había explotado un polvorín que había retumbado en todo el barrio. Los vecinos del cuartel camuflado denunciaron que allí debía haber algo parecido y la Procuraduría para los Derechos Humanos fue y descubrió un alijo de armas y explosivos. Estando en la inspección, preguntaron qué había tras una extraña puerta cerrada con un grueso candado. "Nada", dijo la policía. Insistieron. "Papeles viejos". "Abra usted esa puerta", le conminaron. Lo hizo. Efectivamente había toneladas de papeles viejos donde anidaban los murciélagos y la humedad y la lluvia habían hecho una pasta con muchos de ellos.

Sorpresivamente, habían descubierto el archivo policial guatemalteco desde 1882 a 1997, comprendiendo los años de la represión militar y policial. Son aproximadamente 80 millones de folios reunidos que se encuentran en situación de rescate teniendo una importancia incuestionable desde el punto de vista histórico, cultural y científico.

Lógicamente, aquello corría el gran riesgo de perderse y se puso bajo protección internacional. Había que formar archivistas, tratadores de textos, escaneadores, investigadores, cuidadores de papel para darle a todo aquello un orden. Contaron durante dos años y medio con la dirección de una persona excepcional como la Dra. Trudy Hiskamp Peterson, que acababa de ordenar todo el archivo del FBI que Hobert Hoover tenía en su casa. Asimismo había asesorado a las autoridades de la antigua Unión Soviética para poner orden en los suyos. Era la persona ideal para sentar las bases de un verdadero y científico Archivo Nacional de Guatemala. Al frente se puso a Gustavo Meoño, un antiguo guerrillero culto y muy amable que dirige todo aquel complejo casi como si fuera Fort Apache.

Y allí llegamos el martes 22 de enero. Todo ordenado y limpio y lleno de chavales trabajando con batas y mascarillas. Pasamos por todas las dependencias. Es algo digno de ver. Impresionante.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, este enorme acervo documental resulta particularmente importante, puesto que constituye una fuente casi inagotable de información. Permite investigar el período histórico correspondiente al conflicto armado interno, durante el cual la Policía Nacional fue reiteradamente señalada por familiares de víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de ser un cuerpo ejecutor de grandes, graves y sistemáticas violaciones que aún no se han podido esclarecer.

Y lo mejor del caso. Hacer esto y mantenerlo cuesta mucho dinero. En la entrada, un gran cartel con las instituciones que esponsorizan este trabajo. La embajada sueca, la de Estados Unidos, la danesa, la holandesa, la alemana, la universidad de Austin en Texas, la de Columbia, varias más de este tipo y? ¡oh sorpresa! la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco, este en tiempos del lehendakari Ibarretxe. Patxi López suspendió la ayuda. Ahora esperan que Paul Ortega retome este importante trabajo que es toda una apuesta internacional por los derechos humanos. Por eso Margallo no quiere que las autonomías hagan política exterior.

En 1980, Anastacio Sotz y Vicente Hernández, ambos campesinos, originarios de Comalapa y San Martín Jilotepeque, respectivamente, fueron capturados después que el autobús en el que viajaba el primero y la moto que conducía el segundo fueran detenidos en uno de los puestos de registro que el Ejército solía instalar en las carreteras del país. Ahora es posible conocer la verdad de lo acontecido. Gracias al trabajo realizado por más de 150 personas que han limpiado, clasificado, ordenado, descrito, digitalizado y analizado más de doce millones de imágenes se puede informar a las familias Sotz Coy y Hernández Camey que desde 1980 la policía supo acerca del destino de sus familiares y lo ocultó.

La ejemplar transición política española jamás enseñó sus vergüenzas, jamás juzgó a ningún policía, jamás un responsable se sentó en el banquillo y cuando se sentaron en él tras el 23-F salieron al poco dando gritos a Franco y su régimen. Lo que he visto en Guatemala me ha impresionado. Es una lección. Ojalá terminen su trabajo e incluso sirva de modelo para este paraíso de la democracia tutelada.