la reapertura del debate pendiente sobre el modelo de vertebración política y económica del Estado ha vuelto a impulsar los discursos reaccionarios de la caverna ideológica más extremista de la derecha española a partir de los tópicos habituales. El avance de las posiciones catalanistas e independentistas -con las elecciones en la CAV y Galicia previstas para octubre-, ha tenido como respuesta la negativa de Rajoy a negociar el pacto fiscal demandado desde la sociedad catalana y la apelación a la supuesta inmutabilidad de la misma Constitución que la derecha se negó a votar en 1978. La falta de normalidad democrática en los núcleos políticos y mediáticos más conservadores de Madrid -al amparo de intereses económicos y partidistas que solo husmean la máxima rentabilidad aún a costa de fomentar la confrontación territorial-, deja en evidencia la falta de madurez democrática si se contrasta con debates similares en otros lugares de la Unión Europea como Gran Bretaña respecto a Escocia. Un déficit democrático que no representa a la inmensa mayoría de la sociedad española, seguramente mucho más madura democrática y constitucionalmente para bordar ese debate político y legítimo en todas su variantes -desde la viabilidad económica a la legitimidad de mayorías suficientes-, sin tener que aferrarse a ilusiones historicistas que convierten la supuesta unidad de destino universal de la España uniforme en una verdad absoluta que ni siquiera acepta debatir la propuesta del PSOE de ahondar en un modelo de Estado federal como alternativa al neocentralismo del PP y al soberanismo. Y de fondo, como en una vuelta de pesadilla al pasado, tras el torpe discurso de Juan Carlos de Borbón de respuesta a la multitudinaria manifestación catalanista de Barcelona, un grupo de exmilitares -la Asociación de Militares Españoles-, retoma el ruido de sables con la amenaza como única capacidad argumental. Un intento tan casposo, retrógrado y predemocrático como absurdo e inútil en la Europa del siglo XXI. El Parlament debatirá una propuesta de CiU para que la ciudadanía de Catalunya se pronuncie sobre la soberanía, y si la iniciativa suma una mayoría democrática legítima y suficiente no hay Estado ni Constitución que pueda oponerse a eso. Ni tampoco ninguna referencia jurídica en los tratados de la Unión Europea que lo impida.