El proceso de asimilación del proceso

POR primera vez en décadas, más allá incluso del medio siglo de existencia de ETA, no se cierne sobre esta sociedad ninguna amenaza de violencias pretendidamente basadas en motivaciones ideológicas ni derivadas del no resuelto conflicto de identidades nacionales. Finalizado ese estadio violento, se antoja lógico que asimismo se supere toda la parafernalia legal y el aparataje jurídico-político con el que, so pretexto de luchar contra determinada violencia, se han limitado y/o conculcado derechos básicos contemplados en el propio orden constitucional y en la legislación internacional. La exigencia, pese a ser evidentemente previa en cuanto que se trata de contemplar principios fundamentales de la democracia que nunca debieron ser restringidos, se fortalece en su base ética con la desaparición de la violencia que dio lugar a dichas medidas. Se trata, una vez satisfecho por ETA el primer punto de la Declaración de Aiete ("cese definitivo de la actividad armada"), de cumplimentar el segundo (diálogo con los gobiernos español y francés para tratar exclusivamente las "consecuencias del conflicto") y de suprimir situaciones que se mantienen por una legalidad excepcional que contraviene principios universales de participación política, en el caso de la denominada Ley de Partidos, y de reinserción social, en el de las políticas penitenciarias de aplicación exclusiva. Mantener la exclusión política de una parte de la sociedad después de que toda ella haya acatado los requisitos imprescindibles solo podría responder a intereses de control del poder político y de grupos de presión que poco o nada tienen que ver con los de la ciudadanía, amén de resultar insostenible desde el punto de vista democrático. Impedir mediante la prolongación de mecanismos de ingeniería legal la excarcelación de los reclusos que han cumplido sus penas o se hallan en situaciones de exención de las mismas contempladas en el resto de los casos en el régimen penitenciario solo restaría credibilidad a la voluntad de acabar con las "consecuencias del conflicto" y situaría al Estado en el mismo nivel de inhumanidad que, con razón, ha achacado a quienes han utilizado métodos violentos. Todo ello sin obviar que, como ha sucedido con ETA y pese al giro ya notorio de ciertos posicionamientos, la superación por el Estado de esas "consecuencias" precisa de un proceso de asimilación.