Educación segregada: no con mi dinero
en pleno siglo XXI, en el sistema educativo vasco hay colegios que "imparten educación adaptada a la singularidad de cada sexo", que es una forma de decir que escolarizan el alumnado segregando por sexos. Amparándose en criterios pretendidamente pedagógicos, son colegios exclusivamente de niños o de niñas. El Grupo Fomento de Centros de Enseñanza, ligado al Opus Dei, es el propietario de 35 de los 61 centros de este tipo que están abiertos en el Estado español. Otros diez colegios, principalmente de la CAPV, se agrupan en torno a COAS, también afín al Opus Dei, y que recoge en su página web: "Forma parte del carácter propio del centro desde su constitución, la educación diferenciada para los niveles superiores a la Educación Infantil, que será mixta".
En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra existen, al menos, siete centros de estas características. Los tres de Navarra (Miravalles de Cizur Mayor, y Miravalles-El Redín e Irabia de Iruñea) pertenecen al mencionado Grupo Fomento; los dos de Gipuzkoa (Eskibel de Donostia y Erain de Irun) y los dos de Bizkaia (Ayalde en Txorierri-Azua y Munabe en Loiu), pertenecen a COAS. Ligados a ellos existen otros centros que imparten Educación Infantil, como Haurkabi en Leioa, Umedi en Bilbao o Erain Txiki en Irun.
Cuando se promueven por doquier leyes y planes para caminar hacia la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres, cuando un día sí y otro también nos golpea el fantasma de la violencia de género, se nos plantean fórmulas añejas que impiden a nuestros chicos y chicas crecer y aprender juntos. No podemos aceptarlo, al igual que no aceptamos los mensajes en torno al aborto, el divorcio o los anticonceptivos que transmite dicha institución, alejada del mundo real. Son más de 2.100 en la CAPV y casi un millar en Navarra los alumnos y alumnas que reciben esta educación diferenciada, que choca con uno de los principios básicos -y legales- que define el sistema educativo vasco: la coeducación.
Estos colegios no proliferan únicamente porque hay familias que los eligen. Nacen y crecen auspiciados por grupos afines al Opus Dei, pero subsisten gracias al apoyo económico de la Administración. Reciben subvenciones públicas, principalmente vía concierto educativo, que cubren hasta el 70% del costo real de la plaza escolar. Así, los cuatro centros de la CAPV implicados recibirán este curso un total de 6.535.791 euros sólo por los niveles obligatorios. Resulta inadmisible porque la Administración tiene hoy instrumentos legales para negarse a seguir subvencionando a estos centros, algo que no estaba claro antes de la aprobación de la LOE, en 2006, y que se utilizó como excusa para no hacer nada. Así, la administración educativa de cada comunidad puede exigir que la firma del concierto que determina la subvención pública lleve aparejado un compromiso con el modelo de enseñanza mixta, tal y como establece el artículo 84.3 de dicha ley. Lisa y llanamente, exigir lo que dice la ley, nada más.
En junio de 2008 una sentencia del Tribunal Supremo, en relación a un caso planteado en Castilla La Mancha, estableció que si bien es legal que un colegio imparta enseñanza diferenciada -admitiendo sólo niños o niñas- también lo es que las CCAA le denieguen por ello la subvención pública. El fallo concluía que "el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los concertados, es una faceta más de la competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros". Al hilo de la sentencia, el Gobierno de Cantabria (PSOE con PRC) tomó la decisión de no renovar el concierto (la subvención pública) a un colegio que escolarizaba exclusivamente niños y denegárselo -por la misma razón- a otro que solicitaba la subvención por primera vez. La izquierda política y sindical de todo el Estado aplaudió la decisión y pidió imitarla. En Euskal Herria, fue el sindicato STEE-EILAS quien exigió medidas similares a los gobiernos de Navarra y la CAPV. La respuesta a estas demandas fue muy diversa. Hay CCAA (principalmente las del PP) que continúan cediendo suelo público para la construcción de nuevos centros de estas características (caso de Madrid). En algunas se han dado pasos en la dirección de Cantabria (Andalucía); en otras, se han buscado fórmulas intermedias para no conceder subvenciones sólo a nuevos centros (Cataluña)?
En Euskal Herria la pasividad de las instituciones ha sido la pauta fundamental hasta el momento. En Navarra nos dicen que no concederán nuevas ayudas y en la CAPV, como ya hemos dicho antes, el Departamento anterior ignoró la cuestión y siguió dando el visto bueno a la concertación a estos centros (se concierta más del el 99% de los centros privados). Si cabría pensar que con la llegada al Gobierno de un partido que ha frenado en otras comunidades la financiación pública a estos centros se produciría un cambio de actitud por parte de la Administración, nada más lejos de la realidad. La orden de 22 de septiembre de 2009, firmada por la consejera socialista Isabel Celáa, no contempla ninguna variación en este ámbito, por lo que dichos centros van a seguir recibiendo dinero público, al menos durante los cursos 2009-2010 y 2010-1. Al parecer, no hay intención de pasar de las palabras a los hechos y se acepta sin cuestionar nada que todos los centros concertados tienen el mismo nivel de compromiso social, por lo que reciben por ello el dinero público.
STEE-EILAS piensa que una mayoría muy significativa de los agentes del sistema educativo vasco y la propia sociedad vasca entienden la justicia de esta petición. Si no es aceptable que exista una educación diferenciada en nuestro sistema educativo, aún lo es menos que ésta se desarrolle con el dinero de todos y todas. Ni un euro del dinero público debe ir a esos centros. Animamos al Departamento a tomar la iniciativa y apoyaremos cualquier paso firme en esa dirección. Igualmente, asumimos el compromiso de contribuir a la búsqueda de fórmulas para solucionar las consecuencias laborales de cualquier decisión al respecto.