Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Un tribunal de Japón ha condenado este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de perpetrar los disparos que acabaron con la vida del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022.

Cadena perpetua por un crimen “sin precedentes”

El Tribunal de Distrito de Nara ha accedido a la petición de la Fiscalía, que había solicitado esta pena para Tetsuya Yamagami, de 45 años y natural de la misma localidad, por lo que calificó como un “crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país”, según la agencia japonesa Kyodo.

El fallo supone un duro revés para la defensa, que había pedido que la condena no superara los 20 años de prisión, alegando que el acusado fue víctima de daños causados por la Iglesia de la Unificación, después de que su madre se uniera al grupo e hiciera grandes donaciones que acabaron arruinando a la familia.

El móvil: su vínculo con la Iglesia de la Unificación

Yamagami ha sostenido durante todo el proceso penal que ese contexto fue lo que lo motivó a cometer el crimen contra Abe, al considerarlo “afín” a este grupo religioso, instalado en Japón desde finales de la década de 1960 y tradicionalmente considerado cercano al Partido Liberal Democrático (PLD), la formación del ex primer ministro.

La defensa intentó así encuadrar el ataque dentro de un historial de perjuicios personales vinculados a la actividad de la secta, aunque el tribunal dio prioridad a la gravedad del delito y al impacto institucional del asesinato.

Juicio, confesión y consecuencias políticas

La sentencia llega tras un juicio iniciado a finales de octubre de 2025, en el que Yamagami se declaró culpable de los cargos de asesinato y violaciones de las leyes de control de armas, tras disparar con un arma de fabricación artesanal contra Abe el 8 de julio de 2022 durante un acto de campaña en Nara.

El caso conmocionó a Japón y tuvo importantes consecuencias políticas y legales. Como resultado, la Justicia ordenó en marzo la disolución de la Iglesia de la Unificación, y el Parlamento aprobó a finales de 2022 una ley para regular la recaudación de fondos por parte de entidades privadas, con el objetivo de evitar abusos similares en el futuro.