Un año después de una de las peores crisis sociales de su historia reciente, Nueva Caledonia comienza a vislumbrar un nuevo horizonte político. Este territorio de ultramar ubicado en el Pacífico Sur, a más de 17.000 kilómetros de París, no será independiente, pero sí adquirirá un estatus inédito: el de “Estado inscrito en la Constitución de la República francesa que podrá ser reconocido por la comunidad internacional”. Así lo recoge el histórico acuerdo alcanzado en Bougival (a las afueras de París) entre representantes independentistas canacos y partidarios de la unidad con Francia, tras más de diez días de intensas negociaciones bajo el auspicio del Gobierno francés.
El pacto, validado por el presidente francés, Emmanuel Macron, representa una solución de compromiso tras décadas de tensiones coloniales, tres referendos fallidos de autodeterminación (2018, 2020 y 2021) y episodios de violencia como la insurrección de 2024, que dejó 14 muertos y cuantiosos daños materiales estimados en unos 2.000 millones de euros. El texto busca “una solución perenne” que estabilice la situación política del archipiélago y permita avanzar en una convivencia duradera.
Reconocimiento en la ONU
Aunque el acuerdo no supone la independencia plena que reclamaba el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLKS), sí reconoce la singularidad del territorio en el marco jurídico francés. El pacto contempla la creación de una nacionalidad caledoniana, además de la francesa, aunque no podrá existir una nacionalidad caledoniana en solitario. Asimismo, abre la puerta al reconocimiento internacional del territorio como un Estado dentro de Francia y posibilita su futuro reconocimiento como sujeto político en la ONU.
Las competencias de diplomacia, justicia, moneda o defensa seguirán inicialmente bajo control de París. Sin embargo, el acuerdo prevé que algunas de ellas puedan transferirse progresivamente a las instituciones locales. En el ámbito de la seguridad, Nueva Caledonia podrá ejercer funciones propias bajo un marco de asociación con Francia, incluyendo la formación conjunta de sus cuerpos policiales.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la reforma del censo electoral local. Hasta ahora, sólo podían votar los nativos o quienes hubieran llegado antes de 1998, una medida pensada para proteger el peso político de los canacos, el grupo indígena que representa cerca del 41% de la población. El nuevo marco ampliará el derecho al voto a quienes residan en el territorio desde hace al menos 15 años, incluyendo así a miles de personas que hasta ahora estaban excluidas. Esta ampliación había sido uno de los principales detonantes de la revuelta del año pasado, y su reforma se presenta como un gesto de apertura hacia una democracia más inclusiva. El acuerdo también incluye un ambicioso plan económico, con especial énfasis en relanzar la industria del níquel, uno de los recursos naturales clave del archipiélago, y que ha sido fuente tanto de riqueza como de conflicto. La gestión compartida y sostenible de este mineral será uno de los retos para la nueva etapa política.
En el plano político, el pacto fue rubricado por líderes clave de ambas sensibilidades. Por parte del FLKS, destacó la participación de Christian Tein, líder independentista recientemente liberado aunque aún bajo control judicial, y acusado de liderar la insurrección de 2024 como jefe de la llamada Célula de Coordinación de las Acciones de Terreno (CCAT). Por el lado lealista, firmaron figuras como Sonia Backès, antigua secretaria de Estado de Ciudadanía, representando a los sectores que defienden el vínculo con Francia.
Reacciones de líderes políticos
El presidente Macron celebró el compromiso como “una apuesta por la confianza”, y llamó a “la estabilidad, el respeto y la construcción de un futuro común”. También expresó su reconocimiento al ministro de Ultramar, Manuel Valls, quien ha desempeñado el papel de mediador político en este proceso.
El llamado Acuerdo de Bougival debe ahora ser refrendado tanto por el Congreso del Parlamento francés –que deberá modificar la Constitución para integrar el nuevo estatus– como por los propios habitantes de Nueva Caledonia, previsiblemente a través de un referéndum en 2026.
Con este singular encaje jurídico-político, Francia busca no sólo cerrar un largo ciclo de tensiones coloniales, sino también ofrecer un modelo inédito de descentralización avanzada en su centralista arquitectura institucional. El futuro dirá si esta fórmula logra satisfacer las aspiraciones de identidad y autonomía de los canacos.
