La hora de la verdad
En sus cuatro meses de presidencia, Donald Trump ha provocado sorpresas y desencantos entre sus seguidores más fieles, algunos de los cuales han empezado a romper la “disciplina” de las huestes trumpianas, si no para criticarlo abiertamente, al menos para expresar un cierto escepticismo ante sus medidas económicas y sociales. Los aranceles a las importaciones fueron la primera sorpresa, que ha quedado sobrepasada por los buenos ejercicios de las bolsas: parecían iban a caer en picado y mantenerse con grandes pérdidas durante un largo tiempo, pero la realidad, ya sabemos, ha sido otra y la recuperación ha sido espectacular…, en parte, porque muchos no creen que las fanfarronadas de Trump se mantengan por mucho tiempo.
Las bolsas han sido una ayuda innegable para Trump, porque en este país no son terreno exclusivo para expertos financieros y millonarios, sino una plaza pública muy transitada por todos los estamentos sociales y económicos, que han visto como las bajadas no pasaban del susto y los ahorros mantienen sus niveles. Pero todo este tira y afloja en torno a los aranceles parece más bien un sainete político de Trump si lo comparamos con las realidades duraderas a las que se ha de enfrentar ahora y que ya no puede aplazar.
Porque lo que se debate ahora es un nuevo presupuesto y una nueva ley, de consecuencias mucho más allá de los ajustes del próximo año, pues responde a una filosofía política en torno al gasto público y las cargas fiscales. Parte de la cuestión es que una serie de recortes, aprobados hace ya años, expiran ahora y los legisladores han de decidir si los renuevan, los eliminan o los aumentan. Las consecuencias son importantes, porque en juego está nada menos que la cobertura médica conocida como Medicaid, de 70 millones de norteamericanos (un 20% de la población), que consiguen ahora escapar a los exorbitantes gastos médicos del resto de sus compatriotas, gracias a unas generosas medidas sociales.
No vamos a entrar en detalles que no comprenden ni siquiera algunos de los propios legisladores, pero lo cierto es que estas medidas favorecen hoy en día más a personas jóvenes, en edad de trabajar y no tanto a los enfermos crónicos o ancianos. Los legisladores –todos ellos conservadores– que piden una reforma, recomiendan que los beneficiarios tengan la obligación de trabajar si no están enfermos, algo que automáticamente eliminaría muchas ayudas, pues los asegurados podrían recibir unos ingresos superiores a los límites establecidos por el programa.
Trump, que raramente pierde una ocasión para expresar sus opiniones, se verá obligado a decir hacia dónde quiere orientarse, lo que equivale a decir qué riesgos quiere evitar y cuál es el sector popular al que quiere satisfacer.
Otro tanto ocurre con el sistema judicial, a causa de su política contraria a los inmigrantes: Trump ya no habla casi de la delincuencia entre los trabajadores extranjeros (menor que entre los norteamericanos), sino que simplemente da a entender que no quiere inmigrantes. Una posición difícil de entender en una persona con experiencia empresarial, que ha podido ver cómo hay una falta crónica de mano de obra en EEUU.
Tatuajes
Las acciones en este terreno, en estos primeros cuatro meses de su presidencia han superado los temores de cualquier amigo de los inmigrantes: no es ya que haya cerrado las fronteras, es que la policía tiene la autorización de perseguir a la gente en sus casas y lugares de trabajo y no se limita a los delincuentes que todos desean expulsar. No solo eso, sino que los métodos son preocupantes y los han denunciado hasta los magistrados del Supremo, quienes no han tenido mucha suerte pues los funcionarios de inmigración no han cambiado de táctica.
Un ejemplo es que los agentes se guían por lo tatuajes de los inmigrantes para calificarlos de sospechosos delincuentes a quienes se puede mandar a la durísima prisión salvadoreña de CECOT (Centro de Confinamiento Terrorista), expresamente construida para encarcelar a miembros de bandas terroristas de este país centroamericano, como Mara Salvatrucha.
Ahora alberga también a quienes el Gobierno norteamericano acusa de pertenecer al grupo delincuente venezolano Tren de Aragua, pero los magistrados del Supremo pusieron una moratoria, pues consideran que no hay garantías suficientes de que los detenidos sean realmente delincuentes, ya no digamos terroristas. Y así, el presidente que nombró a 3 de los 9 magistrados del Supremo y que goza de una mayoría conservadora de 6 a 3 en ese tribunal, ve como una institución que en principio le favorece, se opone a sus políticas lo que ha de tener consecuencias negativas para los 3 años largos que le quedan en la Casa Blanca. Aunque, también aquí, el digo se convierta en Diego y Trump empiece a encontrar cualidades en los millones de extranjeros que viven ilegalmente en Estados Unidos… y hacen funcionar sus restaurantes, granjas y plantaciones.