El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró ayer una audiencia inédita para escuchar los argumentos a favor y en contra del intento de Donald Trump de salvarse del juicio del asalto al Capitolio alegando que tiene inmunidad penal por haber sido presidente del país. La decisión que acabe tomando el alto tribunal no solo afectará al juicio penal pendiente en Washington, sino también al proceso que tiene Trump en Florida por haberse llevado documentos clasificados y al que tiene en Georgia por haber intentado revertir las elecciones en ese estado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos orales para determinar si Donald Trump tiene inmunidad judicial y puede evadir el juicio penal sobre el asalto al Capitolio por haber sido presidente del país.

La audiencia transcurre en paralelo a una nueva jornada del juicio contra Trump en Nueva York por la falsificación de registros contables para comprar el silencio de una actriz porno en la campaña electoral de 2016.

Trump está acusado de cuatro cargos penales en un tribunal federal de Washington por su intento de revertir las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y de haber instigado el asalto al Capitolio de 2021, pero su defensa solicitó que se anule el juicio alegando que el republicano tiene inmunidad por haber sido presidente. Tanto la jueza que lleva el caso como la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimaron la petición, de manera que Trump elevó el caso al Supremo, que lo admitió a estudio en febrero.

Si bien no consta en la Constitución ni en las leyes, los presidentes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de una inmunidad absoluta frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.

Los abogados del republicano alegan que los expresidentes también tienen inmunidad penal por actos cometidos durante su mandato, pero la fiscalía defiende que no pueden estar por encima de la ley.

Jack Smith, el fiscal que lleva la acusación, sostiene que nadie está por encima de la ley y que el solo hecho de que ningún otro expresidente en la historia haya sido imputado antes demuestra que la conducta de Trump no tiene precedentes.

En sendos escritos enviados al Supremo, la defensa y la fiscalía invocan la figura del expresidente Richard Nixon (1969-1974), quien fue demandado por un empleado de la Fuerza Aérea que había sido despedido de forma improcedente por el jefe del Estado. Sobre ese caso, el Supremo falló en 1982, cuando Nixon ya no estaba en la Casa Blanca, que los expresidentes no pueden ser procesados por la vía civil por acciones que llevaron a cabo mientras estaban en el cargo. Trump alega que si los expresidentes son inmunes ante los procesos civiles también deben serlo ante los penales porque estos suponen una intrusión mucho mayor a la independencia de los presidentes. Pero Smith sostiene que el indulto que Nixon recibió por parte de su sucesor, Gerald Ford, demuestra que los expresidentes sí pueden ser procesados.

Se desconoce cuándo el Supremo emitirá su fallo sobre la inmunidad de Trump, aunque suele publicar sus decisiones en junio, antes del receso de verano. La fiscalía está presionando para que tome una decisión rápida y puedan reiniciarse los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, que debió comenzar en marzo.

La estrategia de Trump, en cambio, pasa por dilatar el proceso judicial hasta después de las elecciones de noviembre, dado que si regresa a la Casa Blanca podría ordenar al Departamento de Justicia dar carpetazo a los cargos federales en su contra.

La decisión que tome el alto tribunal, con mayoría conservadora y tres de sus nueve jueces nombrados por el propio Trump, no solo afectará al juicio pendiente en Washington, sino también al que tiene en Florida por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados y el de Georgia por haber intentado revertir las elecciones en ese estado.

Arizona

  • Aliados de Trump. Un gran jurado de Arizona acusó ayer a varios abogados y asistentes afiliados a la campaña presidencial de 2020 del expresidente Donald Trump (2017-2021) por delitos graves relacionados con sus presuntos esfuerzos para anular la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en ese estado, según la Fiscalía. Entre los acusados se encuentran el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows; los abogados Rudy Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman o Christina Bobb.