El problema de la vivienda está en casi todas las conversaciones. La frecuencia está en relación con la necesidad hacia un bien imprescindible para que los jóvenes puedan desarrollar una vida autónoma, para que las empresas puedan captar profesionales cualificados o para atraer estudiantes a nuestros campus. El problema es tan urgente como lejana su solución. La emergencia es especialmente aguda en Donostia y su área de influencia, donde se registran precios que doblan la media vasca. En estos municipios, los precios del mercado inmobiliario superan el tope que establece la administración para conceder avales y ayudas a la compraventa y el alquiler. De hecho, se acaba de incorporar el factor ‘zona tensionada’ al programa de Alokabide por el que los propietarios ceden su vivienda al Gobierno Vasco para ponerla en alquiler. En Donostia, el Departamento de Vivienda paga por ellas 965 euros mensuales. En Bilbao, 800 euros. He leído esta semana unas declaraciones del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en las que apelaba a un cambio cultural para que toda la sociedad conciba la vivienda como un derecho, “un bien esencial para vivir”, y no tanto como un activo financiero. Dudo que por el camino de la concienciación venga ninguna solución. El freno a la especulación y la consideración de la vivienda como un bien esencial solo puede venir de la política, cambiando las leyes. Seguro que en Europa, en lugares donde este problema presenta tintes menos dramáticos, hay donde copiar.
