Desde que se aprobó la ley para eliminar el spam telefónico, he recibido más llamadas de acoso y estafa que nunca. Diría más, en estos ocho meses, he recibido ya más llamadas ilegales que en el resto de mi puta vida. El proceder siempre es el mismo: me llaman desde un teléfono fijo o móvil. Si estoy ocupado lo bloqueo, pero al rato me llaman desde otro número casi idéntico. Lo busco en Internet: otras víctimas lo identifican como spam, acoso, estafa... Cuando estoy aburrido, descuelgo y si hay suerte hasta responden, otras directamente cuelgan. Cuando responden casi siempre dicen ser de mi compañía telefónica o eléctrica (sin mencionarla) y después me preguntan cuál es y con quién hablan. Otras directamente se identifican con una empresa de la que no he sido cliente nunca para hacer una oferta. Tampoco saben quién soy. En todos los casos cuando pregunto de dónde han sacado el teléfono y les recuerdo que no pueden llamar sin mi autorización, cuelgan. A los pocos días vuelven a llamar. Ahora, también se asoman por WhatsApp y por eso tan antiguo llamado SMS: “Hola, soy del Departamento de Recursos Humanos, necesito urgentemente que te conectes, te pagaremos entre 50 y 500 euros” y pone un enlace que da tanta confianza como beber un vaso de lejía. ¿Para qué sirve una ley si no se ponen medios para que se cumpla?
