La polémica por las webs municipales que ha realizado Aranzadi es una nueva demostración de que estamos muy lejos de poder pasar la página de la violencia. El conflicto sigue sangrando, ahora por la herida del relato de lo que ocurrió, y no se atisba que a corto plazo se vaya a producir ningún cambio. La denuncia de un concejal del PSE en Galdakao ha sido el detonante para destripar un trabajo que se ha desarrollado desde el consenso político con el loable objetivo de restaurar la convivencia a nivel local, la parte más dañada por el veneno de tantos años de violencia. El proyecto de Aranzadi es una especie de base de datos donde se acumulan las fichas de los protagonistas, voluntarios e involuntarios, de nuestro pasado más oscuro. Pero su resultado refleja más la relación de fuerzas y equilibrios locales que los criterios de memoria en los que se reconoce la mayoría del país. Por lo que se ve, nadie había reparado en todo esto, ni siquiera la delegación del Gobierno español, que irrumpe ahora con amenazas de tribunales, como si fuera un asunto de castigos y multas. Sin un diagnóstico compartido de que la violencia fue injusta, de que los derechos humanos son una línea infranqueable, nuestra convivencia seguirá malherida. Y es lo que nos deja esta polémica, como triste colofón.