Se preguntaba esta semana Eneko Goia si también corresponde a las arcas municipales sufragar el descuento en los autobuses públicos para que se beneficien los turistas que visitan Donostia. Evidentemente, la respuesta tiene que ser no. La razón de bonificar el precio del transporte público es la de aliviar el bolsillo de la gente acuciada por la carestía de los consumos de primera necesidad que ha provocado la inflación. Por eso, ahora que toca renovar esta medida, convendría evaluar pros y contras antes de que la inercia inducida por la proximidad de las elecciones provoque efectos indeseados. Como leí recientemente a alguien, es fácil invitar a copas cuando paga otro. Algo de esto está ocurriendo con los que aprueban descuentos a cuenta de terceros mientras se olvidan de reclamar su cuota al inductor de la idea. Fue Pedro Sánchez, sin consulta previa, el que aprobó en verano un fondo destinado a bonificar el 30% del transporte público en las comunidades autónomas, porcentaje completado en Euskadi por las instituciones vascas con otro 20% para llegar al 50% del coste total. Pero ahora, Sánchez se ha olvidado de su medida y todo correrá a cuenta de nuestras arcas. Y así tendrá que ser porque lo pide el momento. La cuestión es que antes de tirar para adelante de manera irreflexiva, convendría tener clara la temporalidad de la medida y sus beneficiarios, es decir, hasta cuándo y si se aplica en función de la renta o de forma general. A ver si además de no cobrarle tasa turística, el visitante va a viajar casi de gorra.
