Esta semana de vuelta de las vacaciones para muchos ha sido recibida en el sector energético con nuevos récords del precio de la luz desde que a mediados de junio entrara en vigor la excepción ibérica, que limita el precio del gas para la generación de energía. Sin esa limitación, el coste, obviamente, sería mucho mayor para los que están en el mercado regulado, es decir, para aquellos que no tienen una tarifa fija contratada con alguna compañía eléctrica. Muchas de las familias que están en este mercado siguen en él a pesar de los vaivenes diarios del coste, no porque sean “tontos”, como dijo el presidente de la gran eléctrica española, sino porque obtienen descuentos considerables en el precio de la tarifa gracias al bono social de la luz. Y no solo hablamos de personas en situación de pobreza, sino, por ejemplo, de las familias numerosas, que pueden acceder a una reducción del 25% del precio, una bajada que, en la actualidad de manera excepcional hasta diciembre (con posibilidad de prórroga), asciende hasta el 60% del coste. Pero muchas de estas familias o clientes que se podrían estar beneficiando de estas ayudas no lo hacen por desconocimiento. Porque en las compañías eléctricas, a diferencia de sus mandatarios, los consideran demasiado listos como para tener que informarles de este derecho, aunque cumplan los requisitos y les pueda compensar.
