El departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha desestimado que el Bellas Artes tenga que ser declarado monumento, como lo fue durante un tiempo, lo que obligaría a que el edificio contase con un protección superior, que impediría llevar a cabo las obras para transformar el edificio propiedad de la Sade en apartamentos turísticos.
Según la resolución del consejero de Cultura, Bingen Zupiria, firmada el pasado jueves, el Gobierno Vasco desestima el recurso presentado el pasado 15 de octubre por la Asociación de Defensa del Patrimonio, Áncora. En ella, la entidad pidió que se anulase la decisión de octubre de 2017 por la que el departamento vasco de Cultura renunciaba a que el edificio estuviese catalogado como Bien Cultural con la categoría de Monumento, tras una sentencia emitida meses atrás, en la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) recalcaba que el edificio se hallaba "de hecho de ruina".
Esta sentencia dio pie a que el antiguo cinematógrafo dejase de ser monumento y quedase protegido solo por la normativa municipal, en concreto por el Plan Especial del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), que lo sitúa en el grado C, lo que autoriza derribar la estructura interior del edificio y obliga a mantener el aspecto exterior de sus fachadas aunque permite modificarlas para ampliar ventanas, por ejemplo.
Estas opciones fueron incluidas en el proyecto presentado por la Sade, que obtuvo licencia de obras del Ayuntamiento, y llevó a cabo unas primeras actuaciones en el interior del edificio a principios de octubre. Seguidamente, Áncora solicitó al Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia que suspendiese las obras de modo cautelar y así lo admitió el tribunal, ya que la entidad le informó de que el edificio estaba incluido como monumento en el catálogo del Gobierno Vasco.
La última resolución del consejero de Cultura aclara que el edificio no tiene la categoría de monumento, porque fue extraido del catálogo y considera que no hay motivo para volverlo a incluir. La nueva situación podría dar pie a que se autorizase la reanudación de los trabajos.
Por otra parte, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 también reclamó recientemente a Áncora que aportase 3,9 millones de euros para mantener el edificio y sus fachadas en pie y "evitar su colapso, dada la situación de ruina del edificio" hasta que se decidiese sobre la suspensión cautelar. La elevada cifra reclamada por el juez hace inviable el abono, según recordaron los miembros de Áncora en la última manifestación contra el derribo interior del edificio y su transformación.
