Colocarán vallas alrededor de los viejos edificios de la calle Amara para evitar riesgos

Con el vallado, el acceso a los portales quedará garantizado para los residentes, con quienes el Consistorio está negociado su traslado a las viviendas de protección oficial de Morlans. La colocación de vallas, según explicó el Ayuntamiento, impedirá utilizar algunos de los locales que emplean las asociaciones del barrio, que han sido conminadas a dejar estas instalaciones.

Antes del verano, el Consistorio anunció a las 19 familias que ocupan estas viviendas que había decidido demolerlas por sus problemas de seguridad. Asimismo, ha ido asignando a cada vecino un piso en la nueva zona de Morlans, pero no todos están conformes con la situación.

Los moradores de estas viviendas son ahora personas de edad avanzada y familiares de los antiguos funcionarios. Tres antiguos policías municipales tendrán derecho a seguir de alquiler en Morlans de por vida, ya que así lo estipulada su contrato de arrendamiento de 1966. Sin embargo, no sucede lo mismo con otras personas, como viudas y otros parientes de los titulares de los pisos, a quienes se les han ofrecido contratos de alquiler social de entre dos y cinco años, según las circunstancias.

Algunos de los moradores de los pisos están en contacto con abogados con el fin de conseguir "un futuro" para ellos, ya que no están de acuerdo con que los pisos están en ruina, como les dijo el Ayuntamiento antes de verano, y tampoco con las alternativas que les ofrecen en Morlans.

"Nos dijeron que estaban en ruina técnica y que por eso había que tirarlos, pero ahora nos dicen que están en ruina económica, o sea que es más caro arreglarlos que tirarlos, lo que indica que no presentan problemas de seguridad", dice Agustín Méndez, uno de los vecinos que rechaza la oferta alternativa de Morlans y no se quiere marchar de su casa en las condiciones ahora ofrecidas. Asimismo, sostiene que los vecinos aún no han visto ningún informe arquitectónico que indique que existe un peligro real que aconseje el derribo de las construcciones.

En algunos casos, los titulares de los pisos ya fallecieron pero residen en ellos sus familiares, que dieron parte de las defunciones al Consistorio y han seguido pagando los alquileres, por lo que consideran que tienen derechos sobre los pisos. Estos tienen ahora precios muy reducidos, ya que rondan los 80 euros al mes.

Fuentes del Gobierno municipal negaron que estos moradores que tengan derechos. "Con la ley en la mano podrían estar ahora todos fuera pero queremos llegar a acuerdos con todos ellos", señalan.

El futuro de la parcela de la calle Amara en la que se encuentran las viejas construcciones no está claro. Según el plan de vivienda aprobado por el Gobierno municipal en 2018, se iban a construir 80 apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores. Sin embargo, este plan podría estar descartado en beneficio de viviendas para el mercado libre.

Por su parte, las entidades que ocupan los locales ubicados en los mismos edificios, como la asociación Amara Bai, Amara Kirol Elkartea, tampoco están de acuerdo con la urgencia del desalojo y menos que corra a su cargo el traslado de los enseres y muebles que hay en los locales, sin saber a dónde irán.

Aunque hace años se previó que el nuevo edificio de la plaza de Arroka, recubierto con la fachada de la antigua casa de baños de la calle Easo, se destinaría a usos sociales, la realidad es que estas nuevas dependencias están ocupadas por las oficinas de Udalinfo. Como alternativa creen que el antiguo edificio de bomberos podría tener espacio para las entidades de Amara Zaharra, aunque no hay una decisión aún.

Las asociaciones que usan los locales rechazan vaciarlos sin tener un espacio alternativo para trasladarse