l Ayuntamiento de Bergara está estudiando desde el punto de vista jurídico la posibilidad de revocar la autorización urbanística que ha otorgado a la empresa Valogreene Paper BC, SL para la implantación de una planta de tratamiento de residuos de la industria papelera en el polígono Larramendi. “Nos queda claro que el proyecto presentado por la empresa no presenta a día de hoy las garantías ambientales y sanitarias necesarias. Y por prudencia no podemos permitirlo. Nos provoca dudas que, además, pueden afectar a otras áreas, y al Consistorio le corresponde velar por el bien de la ciudadanía”, manifestó ayer el alcalde, Gorka Artola (EH Bildu), remitiéndose al informe medioambiental que el Ayuntamiento ha pagado de su propio bolsillo a la empresa Fitcher de Barcelona.
Las conclusiones que arroja el informe del que ayer se dieron a conocer a los medios unas pequeñas pinceladas, junto con la alegación de Ekologistak Martxan contraria al proyecto, no han hecho sino disparar aún más “las dudas” de los gestores municipales en torno a una actividad que “incineraría y coincineraría 155.060 toneladas anuales” de residuos papeleros en el polígono Larramendi del barrio de San Juan, según advierte la alegación de Ekologistak Martxan.
Artola reiteró que la solicitud de Valogreene es “compatible con el Plan General de Bergara, por lo que ha tenido que ser autorizada por el Consistorio”. Aunque este proceso, que se hizo efectivo en julio, podría dar marcha atrás. “Una vez sometido a información pública el proyecto presentado ante el Gobierno Vasco y abierto el plazo de alegaciones, se ha constatado que la empresa Valogreene en su tramitación en el Ayuntamiento, y posteriormente en el departamento de Medio Ambiente, ha utilizado diferentes conceptos en la descripción de la actividad”, precisó el primer edil.
En estos momentos, por tanto, a nivel municipal se está revisando el informe, y consiguiente licencia, de compatibilidad urbanística “para asegurarnos si la actividad se adapta o no a las normas de planeamiento de Bergara”, recalcó el alcalde. En palabras de Artola, para que la iniciativa industrial de Valogreene pueda prosperar en Larramendi “la ciudadanía bergararra necesitamos certezas y garantías, y eso solo puede lograrse a través de un debate público y sosegado del promotor, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los grupos ecologistas, otras empresas locales y personas interesadas”.
Artola apuntó, asimismo, que desde el principio el Gobierno municipal ha querido contar con la “mayor información posible, fiable e imparcial”, teniendo en cuenta que al no existir ninguna otras empresa de este tipo “en nuestro entorno, había un gran desconocimiento sobre el tema”.
“Queremos que se creen y establezcan nuevas empresas en nuestro municipio. Pero no queremos cualquier cosa. Necesitamos tener garantías”, insistió la edil Ainhoa Lete. Tal y como señaló, la incertidumbre que ha desatado la planta para eliminar residuos papeleros puede traer consigo “daños colaterales”. En este sentido, indicó que tienen la confirmación de que la llegada de Valogreene a Larramendi “disuadirá a otras empresas”. “El desarrollo económico de este complejo industrial y Bergara puede estar totalmente condicionado por la implantación de Valogreene. En el caso de que alguna empresa diera marcha atrás en la decisión de instalarse en Larramendi, los puestos de trabajo se trasladarán fuera de Bergara, cosa que nos preocupa mucho”, afirmó Lete .
Por otro lado, el Ayuntamiento ha pedido al Ejecutivo Autonómico una ampliación del periodo de alegaciones, del 8 de noviembre, que es cuando inicialmente se cierra el plazo, al 29 del mismo mes. La institución local planea presentar su propia alegación ante el Gobierno Vasco, que tiene la competencia en materia de medio ambiente y, al mismo tiempo, de dar la licencia a la actividad.
En cualquier caso, el Consistorio respondiendo al compromiso adquirido con los barrios de San Juan, Basalgo y Ubera próximos al polígono industrial, contrató a la firma Fitcher para que elaborara un estudio de impacto ambiental del proyecto. Sus autores enumeraron ayer algunas conclusiones del informe que recoge cuatro recomendaciones en torno al vertido de residuos al agua, los focos de emisión de contaminantes y el ruido.
Por su parte, los vecinos del entorno han iniciado una recogida de firmas en apoyo a las alegaciones que presentarán contra el proyecto para instalar lo que denominan “macroincineradora”. Colocarán también mesas en la calle el lunes y el próximo fin de semana.
