Decenas de vecinos de Andoain deben pagar a Amenabar 220.000 euros más intereses
El PNV pide una comisión para estudiar el caso del Ensanche
El grupo municipal de EAJ/PNV en Andoain solicitó en el último pleno celebrado y mediante registro oficial la constitución de una comisión específica para analizar la operación urbanística del Ensanche (Sector Unificado 20.1, 20.2 y 21 – Etxeberrieta) y su derivada judicial con Construcciones Amenabar.
Según explicaron desde la formación jeltzale, la iniciativa se produce ante las dudas existentes sobre la gestión del expediente y la inquietud generada entre residentes del municipio por las posibles consecuencias económicas para decenas de vecinos derivadas de la ejecución de la sentencia.
Estudiar vías de defensa
La comisión solicitada por EAJ/PNV tendría como objetivo reconstruir cronológicamente el desarrollo del expediente, determinar las decisiones adoptadas en cada fase, evaluar la actuación municipal y estudiar posibles vías de defensa del interés público.
Ante este contexto, desde la formación insistieron en que la propuesta no persigue la confrontación política, sino “aportar claridad en un asunto que afecta directamente a residentes del sector y, potencialmente, a las arcas municipales”. El grupo asegura que continuará trabajando para que se conozca con detalle la gestión del caso Ensanche-Amenabar y sus implicaciones.
Según la documentación remitida por el Ayuntamiento en respuesta a las preguntas registradas por el grupo municipal EAJ/PNV, el procedimiento judicial se inició en 2012 y la sentencia condenatoria data de 2014. No obstante, su ejecución estaría afectando potencialmente a las decenas de actuales propietarios del sector de plaza Zumea y alrededores, al considerarse una obligación urbanística de carácter real vinculada a la finca que deberían abonar a la empresa constructora y promotora Amenabar 220.000 euros más los intereses.
Transparencia
Ante esta situación, el grupo jeltzale considera prioritario esclarecer con transparencia varios extremos: las razones por las que se ha llegado a este punto más de una década después; si el Ayuntamiento, como administración actuante y miembro de la Junta de Compensación, actuó con la diligencia debida; cuál fue la relación efectiva entre ambas partes durante el proceso; si existieron márgenes para recurrir o adoptar medidas alternativas; y si se agotaron todas las vías para proteger los intereses municipales y vecinales.
Por todo ello, EAJ/PNV recordó que el Ayuntamiento formaba parte de la Junta de Compensación en calidad de administración actuante, con funciones de tutela y supervisión. Por tanto, le correspondía supervisar las obras de urbanización antes de su recepción y velar por el interés general.
Así las cosas, a juicio del grupo municipal, cuando existen dudas razonables sobre la gestión de una operación urbanística de esta envergadura, la obligación institucional es facilitar toda la información, analizar con rigor lo sucedido y, en su caso, depurar responsabilidades.
“No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de una operación que se inició hace más de dos décadas y cuyas consecuencias están recayendo hoy sobre vecinos y vecinas que nada tuvieron que ver con la gestión inicial. La ciudadanía merece explicaciones claras”, señalan desde la formación.