El Ayuntamiento de Legazpi ha hecho publico un comunicado relacionado con la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la exposición laboral al amianto de un extrabajador municipal.
La sentencia con fecha 15 de julio de 2025, firme desde el día 4 de septiembre, condena al Ayuntamiento de Legazpi al pago de 368.780,77 euros, equivalente al 98,01% de una indemnización total de 376.305,03 euros, por los daños derivados de una enfermedad profesional (mesotelioma pleural) causada por exposición al amianto durante los años 80 y 90. Las empresas codemandadas CIE Legazpi y Sidenor asumirán el 1,99 % restante.
Desde el Ayuntamiento manifiestan su respeto absoluto a la decisión judicial y su solidaridad con el trabajador afectado y su familia. "Asumimos con responsabilidad la parte que nos corresponde, recordando que los hechos se produjeron en un contexto histórico en el que no existían aún los estándares actuales de prevención y protección laboral. Reafirmamos nuestro compromiso con la salud laboral y la prevención".
En ese sentido, el Ayuntamiento de Legazpi ha elaborado el censo básico de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto de todo el municipio y el correspondiente plan de retirada, en cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y siguiendo la metodología establecida por el Gobierno Vasco. Actualmente se está realizando el estudio técnico detallado en los edificios públicos de titularidad municipal.
Asimismo, las actuaciones de retirada y gestión de amianto en las intervenciones promovidas por el Ayuntamiento se ejecutan conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. Estas operaciones son desarrolladas exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y autorizadas para la manipulación y gestión de este tipo de residuos peligrosos. "Apuntar que Legazpi es uno de los únicos cinco municipios de Euskadi —y solo tres en Gipuzkoa— que ha cumplido íntegramente con la Ley 7/2022, elaborando y presentando en plazo tanto el censo como el correspondiente plan de retirada y calendario de ejecución. Este cumplimiento normativo refuerza nuestro compromiso con una administración local responsable, transparente y protectora de la salud pública. Seguiremos trabajando para garantizar entornos seguros tanto para nuestros trabajadores como para toda la ciudadanía".
