“No es digno que una comunidad de vecinos decida si podemos salir o no de casa”

El acceso a la vivienda en Euskadi, comunidad en la que se ha declarado la emergencia habitacional, no deja de acaparar titulares, pero hay colectivos minoritarios que precisamente por el hecho de serlo se ven obligados a bregar con problemas añadidos. Con motivo de la celebración este pasado martes del Día Internacional de la Diversidad Funcional, Elkartu reclama, entre otras medidas, una mayor disponibilidad de pisos adaptados en el parque de viviendas de protección pública.

En realidad, más que un día de celebración es una jornada de reivindicación. “No estamos ante un único problema sino que son varios. Por ejemplo, resulta complejo encontrar viviendas libres accesibles, ya sea en propiedad o alquiler, y más aún adaptadas, algo prácticamente imposible”. Asegura Malcorra que en las promociones de VPO el principal caballo de batalla es que se trata de procesos que se dilatan en el tiempo, lo cual complica mucho la respuesta a situaciones urgentes o inmediatas, habituales en el seno de la federación.

Sobrevenidas

De hecho, en Elkartu atienden durante el año “bastantes casos” de discapacidades sobrevenidas, es decir, personas que residían en una vivienda no accesible pero que de la noche a la mañana han visto cómo su vida ha experimentado un giro radical tras sufrir un accidente, un ictus o enfermedad. “Conseguir de forma inmediata ese recurso accesible tan necesario resulta muy complejo. El sistema no está pensando para dar respuesta a este tipo de necesidades en las que se requiere una vivienda accesible ya. Es un problema importante”, subraya el director de la federación, que ve la necesidad de promover medidas de acción positiva para este colectivo en los procedimientos de adjudicación de promociones de VPO.

Se estima que en Gipuzkoa hay alrededor de 40.500 personas con discapacidad física. En Euskadi, son más de 77.000 hombres y 61.000 mujeres las que viven en situación de discapacidad, un 6,3% de la población vasca. Solo dos de cada diez viven solas y casi la mitad (46,5%) reside con otros familiares, de los que generalmente dependen económicamente o por los apoyos que necesitan.

De hecho, casi siete de cada diez personas con discapacidad en Euskadi presentan un grado superior al 65%, y las familias deben asumir un sobreesfuerzo económico de entre 19.700 y 50.400 euros anuales. Son algunos de los datos que recoge el diagnóstico elaborado por la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.

Personas para las que el derecho a la vivienda, como dice Malcorra, no es un derecho aislado sino “un elemento fundamental para garantizar su vida independiente. De tal manera que puedan tomar decisiones sobre su vida: elegir dónde, cómo y con quién vivir.

De lo contrario, la única alternativa que le queda al colectivo son los apoyos familiares o de centros residenciales, modelos en los que la capacidad de decisión de la persona con discapacidad “está muy limitada, por no decir anulada”. Frente a ello, Elkartu defiende el derecho a la vida independiente, y para hacerlo efectivo es necesario disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. “De lo contrario, estamos impidiendo que las personas con discapacidad puedan desarrollar proyectos de vida independiente. De este modo se cronifican y se perpetúan situaciones de apoyo familiar y residencial que habitualmente no son libremente elegidas sino que se convierten más bien en las únicas alternativas”, asegura el director de la Federación.

El Ararteko, Manuel Lezertua, reclama en ese sentido la participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan. “Son protagonistas de sus propias vidas y poseen una valiosa perspectiva que nos enriquece como sociedad”, señala en una declaración institucional en la que destaca que la reforma del artículo 49 de la Constitución representa en ese sentido un” avance significativo” en el reconocimiento de los derechos de estas personas. El texto incorpora el principio de “accesibilidad universal y garantiza la plena autonomía personal” del colectivo aunque, a juicio de Lezertua, todavía queda mucho por hacer.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado esta semana que ya está “listo” el texto de la reforma para “hacer que el mandato del artículo 49 de la Constitución se convierta en política pública y por tanto se convierta en realidad”.

Bustinduy dice estar “convencido” de que, al igual que sucedió con la ley ELA, “el absoluto y transversal consenso social que existe sobre esta materia se impondrá sobre cualquier duda de planteamiento por parte de los actores políticos o cualquier intento de bloqueo”. “Esta ley será realidad más pronto que tarde y aterrizará el mandato constitucional en una mejora de las condiciones de vida de millones de personas”, señala.

Medidas de “acción positiva”

A la espera de ver los resultados, Malcorra reconoce que en materia de vivienda en los últimos años se han adoptado medidas de “acción positiva”, como puede ser la reserva de viviendas adaptadas en las distintas promociones. “Pero no suponen ni mucho menos privilegios sino que han venido a corregir una situación previa de discriminación. El problema es que estas medidas no son suficientes hoy en día”, abunda el director de la federación de un territorio en el que el Gobierno Vasco tiene en proceso de edificación o proyectadas 563 viviendas de VPO, que ni mucho menos cubren la demanda actual.

La construcción de más VPO es una de las estrategias con las que el Gobierno que lidera Imanol Pradales quiere combatir durante esta legislatura el problema del alquiler en Euskadi, donde la oferta es mínima y los precios inasumibles para un salario medio. El Departamento de Vivienda reitera su intención de edificar 7.000 VPO esta legislatura.

Desde Elkartu, que ha participado en el Plan Director de Vivienda, y ha estado presente en el pacto que se alcanzó en Euskadi, dicen ser conscientes de la realidad, que en su caso es todavía más compleja. “Nos encontramos con la dificultad de siempre. Las personas con discapacidad no dejamos de ser un colectivo, en cierta medida, minoritario. Dentro de esta situación de emergencia habitacional no dejamos de ser una gota”, dice Malcorra, que aboga por garantizar que las viviendas adaptadas se ajusten a las necesidades particulares de la persona adjudicataria.

“Hace falta adecuarse a los tiempos. Las recetas del pasado sólo sirven de manera parcial. Las viviendas de protección pública se diseñan para personas con movilidad reducida de una manera determinada. Se piensa en un modelo muy concreto: solo con dos habitaciones. No se piensa para nada en que una persona con discapacidad pueda tener una familia formada por tres hijos. No es más que un ejemplo. En ocasiones, los criterios son muy rígidos”, critica.