El vertedero de Epele de Bergara no volverá a abrir sus puertas, después de que la Junta de la Mancomunidad de Debagoiena, en la reunión que ha celebrado este jueves, haya acatado el informe geotécnico que concluye que la instalación, que permanece cerrada desde 2018 tras 25 años de actividad, “no cumple los mínimos de seguridad establecidos”.
El Gobierno Vasco contaba con esta infraestructura para poder gestionar los casi 6,3 millones de residuos industriales no peligrosos que se prevén que Euskadi generará hasta 2030. Representantes de los ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Debagoiena, todos ellos de EH Bildu, han decidido por unanimidad esta mañana no reactivar el vertedero de Epele, justificando el acuerdo en el citado informe que encargó el ente comarcal y que, según señaló la semana pasada la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Leintz Gatzaga, Dorleta Elkorobarrutia, determina que la instalación “no cumple las características técnicas para su reapertura y la recepción de más residuos”.
Derivación de lixiviados
El estudio realizado por el Servicio de Medio Ambiente del ente mancomunado advierte del riesgo de derivación de lixiviados en caso de ampliar el parque de residuos, así como de la progresiva pérdida de eficacia del sistema subterráneo de drenaje. Las posibles soluciones para subsanar esta problemática son, en palabras de Elkorobarrutia, “complejas y costosas”.
La decisión de cerrar el vertedero corresponde a la Mancomunidad de Debagoiena. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado en 2022 con el Ejecutivo Vasco, este último contemplaba derivar a Epele un total de 450.000 toneladas de desechos –de los 6,3 millones previstos hasta 2030-. Esta maniobra fue consecuencia del trágico derrumbe del vertedero de Zaldibar y la posterior clausura de otras instalaciones de las mismas características, que llevaron al Gobierno Vasco a idear una salida para los residuos industriales.
El Ejecutivo autonómico entregó, de este modo, a la Mancomunidad de Debagoiena una subvención de dos millones de euros para costear la reapertura de Epele; cantidad de la que ya se había abonado 1,5 millones. Ahora, con la decisión de no reabrir la infraestructura de Epele, el ente mancomunado deberá devolver este importe, además de asumir el coste del sellado definitivo y posclausura.
