Los otros reveses del Oarc

El Ayuntamiento de Donostia, como muchos otros de la Comunidad Autónoma Vasca, se ve en ocasiones obligado a acudir a los tribunales para defender sus decisiones, recurridas por particulares, empresas o entidades. A veces gana, pero otras pierde. En los últimos tiempos, además, un nuevo órgano creado por el Gobierno Vasco sirve como tribunal en relación con las contrataciones y, en los últimos tiempos, ha propinado varios reveses al Consistorio.

En dos ocasiones, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Oarc) ha anulado parcialmente los pliegos de condiciones para llevar a efecto la reforma del estadio de Anoeta. Pero estas no son las únicas resoluciones del ente contrarias a las decisiones municipales. En los últimos meses, el organismo ha arrojado otros dos jarros de agua fría al Consistorio, en forma de resoluciones negativas, que obligan al Ayuntamiento a repetir el trabajo hecho.

Uno de ellos hace referencia al contrato de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de control de tráfico de competencia municipal existentes en la ciudad. Además del control y mantenimiento de las señales luminosas, la adjudicación prevista incluía el sistema de prioridad para los autobuses en los carriles bus, las cámaras de televisión que muestran el tráfico en los principales viales, la apertura de acceso con bolardos en determinadas calles, carteles luminosos y otros sistemas de gestión relacionados con el tráfico.

Los pliegos de condiciones para este amplio abanico de tareas se aprobaron el pasado mes de agosto para un periodo de tres años, prorrogables otros dos, y un coste anual para el Ayuntamiento de 782.400 euros. Sin embargo, el documento ha quedado en suspenso después de que la empresa Teva presentase un recurso especial y el Oarc diese por buena la reclamación en una resolución de esta misma semana. El fallo anula parte de los criterios de adjudicación.

Por otra parte, el mismo organismo también canceló el pasado mes de julio la licitación del Consistorio donostiarra para contratar la gestión y el mantenimiento de los sistemas de seguridad de todos los edificios municipales. Este trabajo incluye las alarmas de incendio y fuego, la prevención de incidentes, los servicios de ayuda y otras cuestiones tendentes al control de los edificios municipales. Sin embargo, a resultas de la reclamación de una de las empresas aspirantes a hacerse con el contrato (Techco Seguridad), los pliegos también se redactarán de nuevo.

Las resoluciones del Oarc no son una sentencia judicial y los ayuntamientos pueden recurrir a los tribunales contencioso-administrativos si no se quedan conformes. Sin embargo, en muchas ocasiones prefieren no hacerlo ya que es más que probable que los argumentos jurídicos analizados por los jueces sean los mismos que los expuestos por el organismo de control de los contratos. Esa es, precisamente, la situación que se ha dado ya en dos ocasiones en Donostia en relación con la reforma de Anoeta.

En febrero del pasado año, las siglas Oarc comenzaron a ser conocidas en la capital guipuzcoana cuando el pliego de condiciones aprobado por la sociedad municipal Anoeta Kiroldegia para reformar el estadio quedó anulado por el citado organismo. El organismo de control de los contratos aceptó el recurso especial presentado por la empresa madrileña Óptima Sport Media, especializada en instalaciones de pádel, que pidió la anulación de varias cláusulas del concurso público de Anoeta por considerar que pretendía beneficiar a la Real Sociedad.

La situación se produjo bajo el gobierno de Juan Karlos Izagirre (Bildu), aunque la alcaldía pasó después a manos de Eneko Goia (PNV) y, recientemente, Anoeta Kiroldegia aprobó unos nuevos pliegos, que también fueron objeto de un recurso al Oarc, en este caso por parte del grupo municipal Irabazi. Igual que la vez anterior, el organismo de análisis de contratos dio la razón parcialmente al recurso, lo que obliga ahora a la sociedad municipal a rehacer -será la tercera redacción- los citados pliegos de condiciones.

El Oarc fue creado en 2010 y empezó a funcionar en 2011, después de que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco designara a José Antonio Ausín Unzurrunzaga como titular de la entidad y a Francisco Javier Elola del Río como sustituto. El objetivo de la entidad es “atender la totalidad de los recursos especiales y las cuestiones de nulidad que se interpongan contra los actos de los poderes adjudicadores vascos”, es decir, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, ya que las diputaciones quedan excluidas. Aunque no figura dentro de sus objetivos formales, el ente sirve también para quitar trabajo a los tribunales ordinario y permite, sin recurrir a ellos, que cualquier empresa que se presente a una licitación impugne una adjudicación antes de que se produzca si cree que le perjudica.