En los últimos tiempos, el servicio público de autobuses que presta en Gipuzkoa la compañía Avanza están siendo fuente de malas noticias en forma de huelgas, problemas en la venta de billetes y deficiencias en el mantenimiento de los vehículos, con el consiguiente impacto en la calidad del servicio.  

El 27 de octubre, un autobús que cubría el trayecto entre Donostia y Bilbao y que viajaba lleno de usuarios, en su mayoría estudiantes guipuzcoanos, fue pasto de las llamas tras una avería que le obligó a parar junto a la sede de EITB, a la entrada de la capital vizcaina. Los viajeros que habían avisado repetidas veces sin éxito al conductor para pedirle que detuviera el vehículo, salieron a la carrera para huir del fuego. El autobús quedó calcinado y buena parte del equipaje sufrió daños.

El pasado domingo, otro autobús, en este caso realizaba el servicio entre Donostia y Eskoriatza, fue atacado por varias personas a pedradas, provocando la rotura de varias lunas y el consiguiente pánico entre los viajeros. El ataque ocurrió en el contexto de la huelga laboral de los trabajadores, que reivindican la mejoría de sus condiciones de trabajo y el mantenimiento óptimo de la flota. Según la dirección de Avanza, una treintena de autobuses ha sufrido sabotajes en las últimas jornadas de paros.

Estos dos han sido los incidentes más graves de una cadena de hechos que no acaban de traer la normalidad al servicio desde que Avanza, hace cinco años, adquirió Transportes Pesa, concesionaria de varias de las lineas de autobús que son competencia de la Diputación de Gipuzkoa.

Enmienda transaccional

Esta situación se va a debatir hoy en el pleno de las Juntas Generales, donde PNV y PSE han transaccionado con el PP una enmienda inicial de esta formación en la que señalaba que “los servicios que ofrece Lurraldebus por medio de la concesión a la compañía Avanza, dejan bastante que desear”.

La enmienda transaccionada, que seguramente se aprobará porque cuenta con el apoyo de la mayoría, pide dos cosas a la Diputación: que se comprometa a exigir a la compañía mexicana que subsane los problemas laborales con los trabajadores y que prosiga con su labor de “análisis de la flota de autobuses de Lurraldebus y con la mejora de la misma”, sustituyendo “los autobuses que sean necesarios, tal y como se viene haciendo en la actualidad”.

En línea con esto último, antes de transaccionar la enmienda con el PP, los partidos que sostienen el gobierno foral habían presentado un texto en el que recuerdan que desde que la concesión pasó a manos de Avanza se han incorporado “21 autobuses nuevos”.

Episodios "muy graves"

También EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad. En ella critica el “declive” en la calidad del servicio “desde que Avanza compró Transportes Pesa” y exige a la Diputación que intermedie para solucionar el conflicto laboral. La coalición insta a la Diputación a que promueva la renovación de la concesión en el servicio en la comarca de Debagoiena y que adecúe la flota “a los estándares de calidad y seguridad exigidos por el incremento de usuarios y demandas”.

En la misma líneas, Elkarrekin Podemos exige a la Diputación un compromiso que tasado en el tiempo (dos meses) para que presente un análisis “exhaustivo” sobre el estado de la flota, el sistema y las condiciones laborales de sus trabajadores. La formación ‘morada’ entiende que los últimos episodios han sido “muy graves”, al comprometer “la seguridad de los viajeros y los propios trabajadores”.

Inspecciones

En una pregunta parlamentaria, la diputada foral de Movildad, Azahara Domínguez, es cuestionada sobre el mantenimiento de la flota de Lurraldebus. En su respuesta, Domínguez explica que su departamento realiza dos tipos de revisiones: “iniciales, y de seguimiento y derivadas de quejas y reclamaciones”. Añade que todas las deficiencias detectadas “han sido corregidas”.

Según el cuadro que se adjunta en la respuesta, en los últimos cinco maños, cuando Avanza adquirió Pesa, se han realizado un total de 556 inpecciones, pero estas sobre todo se acumulan en los dos últimos años.

En 2020, se registraron 78, en 2021 fueron 69 y en 2022, 80. En los dos últimos ejercicios ha habido un salto, que según fuentes forales, responde a un incremento en el control y vigilancia por parte de la Diputación. El año pasado se realizaron 158 inspecciones técnicas y en lo que va de año, han sido 171.

De resultas de todo ello, en el último lustro la Diputación ha abierto un total de 85 expedientes por deficiencias en el mantenimiento de la flota. En su gran mayoría, corresponde a los autobuses que gestiona la compañía Avanza. A raíz de ello, se han impuesto 85 multas que alcanza un importe total de 45.058 euros.