El viernes, los sindicatos LAB y ELA han convocado una concentración en la plaza Gipuzkoa de Donostia en defensa de los derechos lingüísticos en las ofertas públicas de empleo. La movilización es la respuesta al recurso presentado por un particular en el contencioso-administrativo nº2 de Donostia contra la OPE de personal administrativo de la Diputación foral, concretamente contra el proceso de adjudicación de 119 plazas, materializadas a través de un concurso de méritos que tuvo lugar el año pasado y al que solo le falta la resolución definitiva.

A esta protesta se va a sumar la Diputación de Gipuzkoa, tal y como lo ha hecho saber esta tarde a través de una nota en la que ha recalcado que el proceso llevado a cabo “cumple con todas las garantías jurídicas”. La institución foral asegura en su comunicado que defenderá sus competencias y la igualdad lingüística “allá donde haga falta”.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha recalcado que “pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca no puede considerarse una discriminación. Es algo que debería estar totalmente normalizado. No entendemos que se ponga en cuestión, tal y como se está haciendo durante los últimos años”.

El recurso para tumbar el concurso público está dirigido contra las bases generales del proceso selectivo de la OPE para la estabilización del empleo público aprobado por el Consejo de Gobierno foral el 29 de diciembre de 2022 y se ha presentado en la recta final del proceso de adjudicación de las plazas, una vez publicada la lista con los nombres de los119 trabajadores que han obtenido el puesto.

Tanto en la administración foral como entre los sindicatos convocantes de la movilización existe el temor a la respuesta judicial vistos los procedentes que se acumulan en los últimos tiempos, en los que la justicia ha fallado de forma sistemática contra las normas y procesos administrativos en los que el conocimiento del euskera forma parte de los requisitos de las ofertas de empleo.

Berasaluze ha recordado que “las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía”, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. “Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de todas y todos los ciudadanos, ofreciéndoles el servicio más adecuado”.

Además, ha puesto en valor “la trayectoria realizada por la sociedad y las instituciones vascas durante décadas en pro de la normalización lingüística y de la recuperación del euskera. Este recorrido se ha realizado desde el acuerdo y con el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía, que ha venido demostrando una gran sensibilidad hacia esta cuestión, por lo que vamos a trabajar para seguir avanzando, desde el consenso, pero con la firmeza necesaria para no dar pasos atrás”.