- El historiador y miembro de la sociedad de ciencias Aranzadi Javi Buces ha investigado la represión franquista en Gipuzkoa en la última fase de la dictadura. Su conclusión es que el régimen se empleó con una brutalidad desproporcionada contra la oposición, que en su inmensa mayoría fue pacífica. Este trabajo de investigación pronto verá la luz en forma de libro.

¿Cuál es el fundamento de su tesis ‘Oposición, represión y graves violaciones de derechos humanos en Gipuzkoa en 1970’ ?

-Es una investigación sobre la represión franquista en Gipuzkoa en los últimos años del régimen. Normalmente, las investigaciones del franquismo se han centrado en la inmediata posguerra, como si el franquismo hubiera acabado en el 45 ,pero va mas allá. A partir de los años 60, en el País Vasco hay una oposición cada vez más creciente, a la que el Estado responde con represión directa, como la que empleó en la posguerra. Lo que he tratado de demostrar son tres cosas: solo hubo un franquismo, es decir, el franquismo duró mas allá del 45; el franquismo vulneró más derechos humanos que cualquier modo de oposición que se le enfrentó, incluso de la oposición que fue violenta. Y en tercer lugar, la importancia de la oposición antifranquista. En Gipuzkoa adquirió un volumen mayor que en otros territorios del Estado. Se unía la reivindicación nacional y, al ser una sociedad fuertemente industrializada, existía una clase obrera dispuesta a movilizarse. La unión de estos dos factores, la reivindicación nacional y la social, provocó que el antifranquismo fuera en Gipuzkoa mayor que en otros territorios del Estado.

Ha rescatado una parte de nuestra historia reciente que parece casi olvidada

-Lo que pretendo demostrar, que una dictadura vulnere más derechos que la oposición que se le enfrenta, parece obvio pero responde también a la preocupación por cierto revisionismo histórico al que estamos asistiendo y que blanquea el franquismo de esta parte final del régimen. Hay como una obsesión por deslegitimar no solo a ETA sino al nacionalismo en general. Lo hemos visto con el proyecto del Centro Memorial de Gasteiz. Cuestiones que parecen obvias, que franquismo solo hubo uno y que vulneró más derechos humanos que la oposición, requería ser demostrado a través de una investigación metodológica.

Una de sus conclusiones es que la dictadura respondió a los que le hicieron frente de forma desproporcionada

-La mayor parte de la acción opositora, el 90% diría yo, fue pacífica. Consistió en el ejercicio de derechos fundamentales que en otros países eran legales. Manifestación, asociación, paros obreros eran movilizaciones en su mayoría pacíficas. La respuesta del régimen fue de una represión brutal, muy desproporcionada. Hay muchos datos. He analizado cuatro bloques: personas juzgadas por consejos de guerra; personas juzgadas por el TOP (Tribunal de Orden Público), fallecidos a causa de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y estados de excepción. Los estados de excepción marcan muy bien hasta que punto fue indiscriminada y desproporcionada la represión, con centenares de detenidos, torturados, encarcelados, deportados, exiliados...

En el periodo analizado Gipuzkoa sufrió dos estados de excepción

-El primero en el 68, tras el asesinato de Melitón Manzanas, y en el 70 con el consejo de guerra de Burgos. Entre los centenares de detenidos que he conseguido documentar solo uno tiene, supuestamente, relación con el asesinato de Melitón Manzanas. El resto son personas que estaban fichadas por nacionalistas. La fuente es la documentación del propio régimen. La Guardia Civil y la Policía Armada documentan qué gente detiene, cuándo la detiene y porqué la detiene.

¿Se puede poner cifras a esta represión?

-En Gipuzkoa hay más de una veintena de personas fallecidas y fusiladas a manos de la Guardia Civil y la policía armada entre 1960 y 1975. Según el informe del Instituto Vasco de Criminología, de 980 casos de torturas en los tres territorios de la CAV, 411 casos corresponden a Gipuzkoa. El número de personas juzgadas en el TOP, en proporción, es el mayor del Estado. A Gipuzkoa, por este orden, le siguen Bizkaia, Navarra y Álava. De los once estados de excepción que se decretaron en el Estado, siete se circunscribieron al territorio vasco. Desde agosto de 1968 hasta febrero del 71, que son 30 meses, los guipuzcoanos viven en estado de excepción diez meses, algo que no ocurrió en ningún otro lugar.

¿Se puede concluir que en la parte final de la dictadura Gipuzkoa fue el territorio más castigado?

-Sin duda, Gipuzkoa fue el territorio más perseguido, que mas sufrió la represión franquista en los últimos años. Tiene su causa en que es donde la oposición al régimen fue mayor. De hecho, las propias autoridades de la época hablan de que aquí se vivió durante el Proceso de Burgos una situación de “guerra de liberación”. No son capaces de detener la oposición al régimen; una oposición que, como ya he dicho antes, en su gran mayoría fue pacífica. Desde la muerte de Melitón Manzanas en el 68 hasta la muerte del guardia civil Posadas Zurrón en el 74 no hay en Gipuzkoa ninguna víctima causada por ETA o por la oposición al franquismo. En ese periodo, la Guardia Civil y la Policía armada sigue matando gente en manifestaciones. De hecho, en el año 70, en el consejo de guerra hay tres personas que mueren a manos de la Guardia Civil en Gipuzkoa. Es la provincia más represaliada y las propias autoridades franquistas reconocen que se les va de las manos y que no son capaces de controlar a la oposición.

¿Pudo provocar la represión el efecto contrario al deseado y alimentar las filas de la oposición?

-No eran muy conscientes de ello. Hay comunicaciones en las que admiten que es imposible saber dónde se esconden esos a los que se refieren como terroristas y que aseguran que toda la población los apoya. En el año 68 llegó a haber un guardia civil por cada 500 habitantes, que es una barbaridad y eso sin contar a la policía armada, la Brigada Político Social... Es un hecho que refuta la tesis que sostiene el revisionismo aludiendo a que eran cuatro gatos, que la oposición eran cuatro nacionalistas y que, incluso, no eran antifranquistas, porque ahora se está empezando a poner etiquetas de quiénes eran antifranquistas y quienes no en función de lo que defendían.

¿En qué archivos ha documentado su investigación?

-La base de la investigación son fuentes del propio régimen. En el archivo histórico foral de Gipuzkoa, en Oñati, descubrimos que hay una información impresionante sobre el Gobierno Civil de Gipuzkoa y el gobernador civil, también informes anuales de la Guardia Civil o de la policía armada. La base documental de la investigación son las instituciones del propio régimen. También he consultado el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional y el archivo del Ministerio del Interior. Son fuentes que permiten poner nombre y apellidos a esa represión, no solo cifras. La Guardia Civil registra en sus informes “Hernani, día tal, manifestaciones, detenidos siete personas, fulanito, menganito....”.. Eso nos permite hacer el seguimiento de cada represaliado. También he entrevistado a personas que hoy tienen entre 70, 80, 90 años y que fueron protagonistas contra la dictadura. Y también ha sido muy valioso el acceso a documentación en euskera.

¿De su investigación, hay algún aspecto que le haya llamado especialmente la atención?

-Para mí es muy significativo que cuando hablamos de la muerte de Melitón Manzanas y somos capaces de identificar a casi 300 detenidos con nombres y apellidos, ninguno tenga relación con el atentado. Una conclusión también importante que se pone de manifiesto es que la mayor parte de la oposición en Gipuzkoa era nacionalista y de izquierdas, y van confluyendo. Destacaría también las tres personas muertas durante el consejo de guerra. El consejo dicta seis penas de muerte que luego se conmutan. Y sin embargo, en ese mismo año hay tres personas muertas a manos de la Guardia Civil. Dos de ellas, por manifestarse en contra del Proceso de Burgos: el eibarrés Roberto Pérez Jauregi y Antonio Goñi, un navarro que vivía en el barrio de Sagüés. A Goñi lo detuvieron, permaneció diez días encarcelado y su mujer tuvo que pagar una fianza para sacarlo de prisión. A los pocos días se suicidó dejando una nota escrita en la que le confesaba que le habían destrozado, que no podía aguantar el recuerdo del dolor.

También ha entrevistado a varias víctimas. ¿Qué le han transmitido?

-A mi entender estamos en el origen de lo que ha sido el conflicto vasco en las ultimas décadas. Son personas a los que les cuesta contar aquello por el peso que tiene lo que ha sucedido durante décadas. Y en la mayor parte de los casos hablamos de tortura. Son gente joven que con 20 años se revelaron contra la dictadura. Beben de ese periodo revolucionario que estalla en todo el mundo, con ideas muy maximalistas y que son capaces de poner en jaque al régimen.

¿Queda mucho por sacar a la luz

-Existe una limitación enorme para acceder a archivos. Por ejemplo, en el caso de los 21 muertos, en cada fallecimiento a manos de la Guardia Civil hay unas diligencias, un informe. El acceso a esos informes no es posible hoy día es la única forma de comprobar que la versión oficial es cierta.

En el curso de la investigación también han profundizado en la muerta de Txabi Etxebarrieta

-El caso Etxebarrieta para mí es paradigmático. Conseguimos tener acceso a la documentación completa y comprobamos a partir del informe forense que Etxebarrieta se enfrenta a la Guardia Civil pero luego lo rematan cuando está tumbado en el suelo. Ese pasaje de la historia no lo cuentan en el libro de Pardines ni en la serie de Movistar La linea invisible, ni en el documental de Nacional I. Ahí entramos en la guerra del relato. Por el informe que existe en el archivo militar del Ferrol se demuestra que Pardines no murió en un enfrentamiento sino que se lo cargaron. Y sin embargo, la segunda parte de la historia se oculta porque no encaja en ese relato. Y la verdad histórica nos demuestra que a Pardines lo mataron y que a Etxebarrieta lo mataron también.

¿Estas víctimas han encontrado justicia, verdad y reparación?

-Cuando se habla de verdad, justicia y reparación hay un gran desequilibrio entre las víctimas del terrorismo y las víctimas del franquismo. Las víctimas del franquismo no están reconocidas. No tienen acceso a la verdad, porque no podemos ver todos los expedientes y la investigación es muy difícil. Tampoco tienen derecho a la justicia penal, solo a la restaurativa. Eso lo estamos comprobando con la ley de abusos policiales del Gobierno Vasco. El desequilibrio es muy visible. No obstante, en cuanto a la reparación yo distinguiría entre reparación social e institucional. A grandes rasgos, en Euskadi, ha existido una reparación institucional para las víctimas del terrorismo pero socialmente no han recibido reconocimiento. Y al revés, las víctimas del Estado, han tenido reconocimiento social en sus municipios de origen, pero no han tenido reparación.

¿Cree que hay un intento de disociar la actividad de ETA de la existencia de la dictadura?

-Los historiadores nos hemos visto inmersos en la guerra del relato, que surge a partir de 2011, cuando acaba ETA. El objetivo es deslegitimar no solo a ETA, sino al nacionalismo vasco en su conjunto. Ese es el objetivo porque parte de la idea de imponer un relato nacionalista español. En esa obsesión por deslegitimar al nacionalismo en su conjunto, han llegado a blanquear el franquismo.

“La mayor parte de la acción opositora fue pacífica. Consistió en ejercer derechos fundamentales que en otros países eran legales”

“Ninguna de las 300 personas detenidas tras el asesinato de Melitón Manzanas tuvo relación con el atentado”

“Hay un revisionismo que busca deslegitimar no solo a ETA sino al nacionalismo y que está blanqueando al franquismo”