donostia - La presentación de “numerosas” alegaciones, 130, a la ordenanza de pisos turísticos ha provocado que se demore su aprobación definitiva, prevista para el Pleno del 25 de enero, y tenga que llevarse a la sesión del mes de febrero, que tendrá lugar el día 22.

Lo anunció ayer el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que explicó que han sido los servicios jurídicos del Consistorio quienes han solicitado “más tiempo” para poder responder a todas las alegaciones.

“Ya lo veníamos intuyendo”, declaró Goia, que explicó que las aportaciones presentadas son de carácter muy diferente e, incluso, en ocasiones “opuesto”.

Contrapuestas La entidad que mayor volumen de propuestas ha presentado ha sido la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture. Estas, puntualizó Goia, van en la línea de contar con una ordenanza más flexible y defensora de los intereses del sector. Dicha asociación registró el pasado mes de diciembre un total de 19 alegaciones que, según defendió su presidente, Asier Pereda, tienen como objetivo “minimizar” los efectos negativos que, a su parecer, conllevaría la puesta en marcha de la ordenanza.

Pero también la plataforma Stop Desahucios ha presentado diversas alegaciones. Ambas entidades, añadió el primer edil, defienden puntos de vista opuestos “más liberalizador”, la primera, y “limitativo absoluto”, la segunda.

Los servicios jurídicos del Consistorio se hallan inmersos en el trabajo de análisis de las alegaciones con el objeto de determinar “cuáles pueden aceptarse y cuáles no”. Este informe será el que tomará en cuenta el Gobierno local, que es el que tiene la última palabra en el asunto.

Según apuntó el alcalde, las propuestas presentadas son también muy diferentes en lo que a su alcance se refiere. “Hay algunas que cambian una palabra y otras que inciden directamente en el espíritu de la ordenanza”. En todos los casos, se incorporen o no a la norma, “tienen que ser contestadas”, un tarea que requiere de más tiempo que el inicialmente previsto en el calendario de tramitación.

Una vez se supere esta etapa, recordó Goia, se abrirá el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas al texto reformulado.

Pero el Gobierno no contempla que se vayan a incluir modificaciones “de peso” en la ordenanza. “Las alegaciones son reflejo del debate que viene de atrás, que ha tomado forma de alegación”, apostilló el alcalde.

Los servicios jurídicos municipales, concluyó, de momento no han avanzado valoración alguna respecto a las objeciones que han presentado las distintas entidades y personas. “Lo único que nos han pedido es tiempo para responder al volumen de trabajo” que conlleva el análisis y evaluación de todas y cada una de las 130 alegaciones.