Donostia - La junta de gobierno de Donostia analizó ayer el borrador de la modificación del Plan General que inicia ahora su tramitación con el fin de cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que afecta al plan de Txomin y poder así iniciar los trabajos de creación del nuevo barrio. El alcalde de Donostia, Eneko Goia, informó del inicio de estos trámites y confió en que duren menos de un año para que, después, puedan arrancar las obras del nuevo barrio. La actuación se encuentra atascada a raíz de que el Alto Tribunal diese la razón a un grupo de propietarios de la zona, que acudieron a los tribunales por considerar que sus terrenos habían resultado más baratos a causa del alto índice de VPO adjudicado a la zona y a la inclusión del parque fluvial del Urumea dentro de los costes del nuevo barrio.

Goia manifestó que la aprobación inicial de la modificación del Plan General será llevada al Pleno del 29 de este mes, aunque sea fuera del orden del día, para acelerar al máximo este trámite. Asimismo, descartó que la modificación se traduzca en una reducción del número de viviendas protegidas previstas (unas 400) y explicó que los cambios en el planeamiento consistirán en “motivar suficientemente” los dos apartados señalados en el fallo. Por otra parte, anunció que, en vista de la controversia existente sobre si se ha aprobado o no la adjudicación de la obra a la UTE Amenabar-Campezo-Gesbas, se convocará la mesa de contratación y se ratificará la adjudicación, aunque luego quedará suspendida la obra hasta solucionar los problemas jurídicos.

El Ayuntamiento y las constructoras ganadoras del concurso han llegado a un acuerdo por el que la adjudicación sigue siendo efectiva un máximo de dos años, entre otras cláusulas, aunque la obra no comience.

protesta Goia recalcó que la ejecución de los planes para crear más de 900 viviendas en Txomin, a una altura suficiente para evitar las inundaciones, es un “objetivo prioritario”. del Ayuntamiento. Asimismo, quiso “protestar enérgicamente” por la decisión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios del Estado (Siep) de retrasar hasta 2019 la construcción de la nueva cárcel de Zubieta, lo que impedirá que se usen los actuales terrenos de la prisión de Martutene para la segunda fase de Txomin.

El regidor donostiarra anunció que solicitará una reunión con este organismo para pedir explicaciones y un adelanto de los planes y criticó el “toreo” al que la institución está sometiendo a la capital guipuzcoana en este aspecto, que, según recalcó, ya comenzó en la pasada legislatura. Además, urgió al traslado de la prisión no solo por asuntos urbanísticos sino por las “malas condiciones de la actual cárcel y porque lo reclusos que allí están son personas que tienen sus derechos”.