Donostia quiere actualizar cada año la VPO de alquiler

donostia - La sociedad pública de vivienda de Donostia, Etxegintza, retirará próximamente su piso de alquiler social a 22 familias por no cumplir con los requisitos que recoge la ley y también actualizará el alquiler a otras 63 “unidades convivenciales”, después de una inspección inicial que, de momento, ha llegado a 190 de los casi 1.850 pisos de VPO de alquiler que hay en Donostia. La primera promoción analizada ha sido la de la plaza Lasarte de Errotaburu, a la que le siguen las de Serapio Mujika (Bidebieta) y Harrobieta (Altza).

El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, dio ayer a conocer los datos obtenidos después de la “primera revisión” realizada en Donostia -se anunció en mayo- a viviendas de alquiler social y aseguró que el objetivo será controlar todo el parque de VPO y actualizar anualmente el alquiler de todos los inquilinos en función de sus ingresos.

Esta labor, precisó el concejal, “llevará mucho tiempo” debido al volumen de viviendas y también a la complejidad que supone el acceso a datos fiscales en los casos en los que los afectados no den su autorización expresa. El objetivo, aseguró, es que las viviendas sociales “sean realmente para quien las necesite” y que todos los inquilinos paguen en función de sus “ingresos ponderados”.

Burutaran sí aclaró, sin embargo, que los contratos concederán un “marco de estabilidad” a los inquilinos y que, aunque la renta de un hogar se actualice cada año, se respetará el plazo temporal fijado en el contrato a la hora de determinar si una familia tiene que abandonar la casa por no cumplir con los requisitos económicos establecidos.

Según el análisis realizado, “hay contratos que llevan 15 años prorrogándose sin comprobar la economía real de las familias”, por lo que hay muchas situaciones que han cambiado de forma importante”. Según Burutaran, el proceso continuará hasta revisar la totalidad del parque de alquiler, dando prioridad a las viviendas cuyos contratos hayan expirado y estén en situación de prórroga.

De las 22 familias que no cumplían con las condiciones legales para ser beneficiarias de estos alquileres sociales, 15 no atendían al requisito de no tener al menos parte de otra vivienda (más del 50% o el valor catastral equivalente a más de 75.000 euros); y otros siete excedían los ingresos anuales máximos de 39.000 euros fijados por el Gobierno Vasco para determinar la existencia de una necesidad de vivienda social.

impagos: “caso por caso” Etxegin-tza también está analizando los impagos y buscando una solución negociada “caso por caso”. Burutaran admitió que hay cuatro situaciones de morosidad. “En dos de ellas se da la circunstancia de que tienen otra vivienda en propiedad y en una tercera tiene habitaciones subarrendadas. La cuarta persona no accede a negociar algún tipo de pago”, dijo.

En definitiva, el representante del Ejecutivo municipal aclaró que “el objetivo del alquiler social nunca puede ser la vivienda gratis” y aunque se mostró sensible ante impagos debidos a situaciones extremas, reiteró su intención de negociar cada caso para adecuar la renta a cada hogar.

36 familias pagarán más y 27 menos por tener menos renta. Entre las 63 actualizaciones de renta, más de la mitad (36) corresponden a personas que han mejorado su situación económica desde el momento de suscripción del contrato y otras 27 tienen una situación peor, por lo que se les reducirá el alquiler.

Pisos de vacaciones y habitaciones subarrendadas. Burutaran precisó que entre los casos analizados se ha detectado una vivienda que era empleada solo como residencia de verano por su titular, casos en los que el piso se destinaba a otras actividades y una vivienda en el que además de no pagar su renta, el beneficiario tenía habitaciones subarrendadas.

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Donostia cuenta con más de 1.800 viviendas de alquiler social y el objetivo de Etxegintza es revisar todos ellos en un proceso que “llevará mucho tiempo”. Se empezará por las viviendas con los contratos vencidos.