Donostia. El Ayuntamiento de Donostia ha propuesto a los trabajadores municipales pagar a principios de enero la paga extra de julio de 2013. De este modo, en julio se abonaría la de diciembre de ese año y así sucesivamente hasta 2014. Esta es la fórmula por la que ha optado el Gobierno local para tratar de sortear el decreto ley del Gobierno de Rajoy que obliga a todas las administraciones a eliminar la paga de Navidad. Esto supondría que el Consistorio adeudaría a los empleados la extra de esta Navidad, es decir, el 7% del sueldo.
Esto es lo que explicó ayer el Gobierno municipal al comité de empresa. Por su parte, ELA, el sindicato mayoritario en el Consistorio afirmó en un comunicado, en el que cita a los medios a una "acampada" que tendrá lugar el lunes en el Consistorio, que los dirigentes políticos del Ayuntamiento les han manifestado que "no van a abonar la paga extraordinaria de Navidad y por consiguiente aplicarán el decreto restrictivo de Madrid".
Según señalaron desde la central, los responsables municipales así lo confirmaron al comité de empresa, órgano al que han propuesto "adelantar las pagas extras del año que viene, pero no pagar la de este año". ELA defiende que esa cantidad de dinero les corresponde y que hay otras fórmulas. "Pero el Ayuntamiento no las contempla", aseguraron.
Sin embargo, el alcalde, Juan Karlos Izagirre, apuntó por la mañana que el Ejecutivo que preside tiene un objetivo "claro". "El Ayuntamiento estudia cómo no perjudicar a los trabajadores y eso supone que se ingresen las cantidades habituales en las fechas habituales", añadió.
No obstante, fuentes sindicales insisten en que los recortes de Madrid ya se están aplicando en el Consistorio. "No se sustituyen las bajas, no hay aportaciones a Elkarkidetza y a las personas a las que se les ha acabado el contrato en verano no se les ha incluido la parte de la paga de Navidad en el finiquito", dicen. Y continuaron: "Esto es una chapuza, hay otras salidas y nos están tomando el pelo".
Esta fórmula de adelantar las pagas extras fue ideada por la presidenta navarra, Yolanda Barcina (UPN). En ese caso, el periodo de tiempo en el que se aplicaría esta medida se prolongaría hasta 2015 y se dejaba una puerta abierta a una posible compensación si el Estado lo permitía.
