Las redes sociales constituyen la mayor transformación de calado económico y social del último siglo y su potencial para un enriquecimiento exponencial del conjunto de la sociedad es incuestionable en virtud de su promesa original de comunidad y conversación global. Lamentablemente, demasiadas veces son fábricas de falsedades, cámaras de resonancia y escaparates de odio rentable. La polémica en torno a Grok, la IA integrada en X que ha generado imágenes sexualizadas de mujeres y menores, no es una anécdota técnica: es síntoma de un modelo de negocio que explota sin frenos nuestra intimidad, nuestros miedos y nuestros cuerpos, mientras sus propietarios se declaran meros intermediarios sin responsabilidad. Deepfakes con intencionalidad manipuladora de alcance político o económico, “nudificación” de imágenes, pornografía falsa, acoso masivo y campañas de odio son ahora mismo parte estructural del ecosistema digital, no un error puntual. Los algoritmos premian lo que genera clics: lo más agresivo, lo más morboso, lo más polarizante porque las grandes plataformas facturan gracias a datos, atención y contenidos –incluidos ilícitos o éticamente reprobables– sin que su responsabilidad esté a la altura de su poder. Cuando estalla un escándalo, prometen mejorar filtros; cuando baja la presión mediática, vuelve la lógica del negocio: más tiempo de pantalla, más impacto, más ingresos. Pero el entorno digital solo es admisible si contempla los mismos derechos que rigen en la vida real. El derecho a la propia imagen, a la integridad moral, a no ser víctima de violencia machista o racista, a un entorno seguro para la infancia, no se disuelven porque el escenario sea una red social. La UE ha dado pasos con el Reglamento de Servicios Digitales, pero la realidad va más rápido: la IA generativa y casos como Grok muestran lagunas que permiten que las personas sean materia prima gratuita para un experimento de ingeniería social a escala global. Regular esa jungla, sancionar con firmeza sus excesos, no es censurar; es exigir a los gigantes tecnológicos lo que a cualquier otro actor político, social o económico: no causar daño. La libertad de expresión no es coartada para un negocio incontrolable que convierte la cosificación, el desprecio e incluso el sufrimiento personal y colectivo en modelo de negocio. l