El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral semanal legal con la expectativa de disponer de la mayoría parlamentaria que la refrende, pero sin la garantía de que esto ocurra. Una nueva jornada máxima de 37,5 horas es una medida de alcance que se acomete sin consenso de la parte empresarial del diálogo social y que se justifica en experiencias ajenas y la presunción de un incremento de la productividad. Las organizaciones empresariales cuestionan que este factor no cuenta con garantías ni medidas que lo propicien, que el coste de la reducción de jornada sin afectación al salario precisa de ayudas a las empresas para su asunción o que la medida pone en riesgo la actividad de millares de pymes. Son todos ellos factores igualmente potenciales que el desarrollo normativo de la medida deberá acometer y clarificar para obtener el respaldo que el Gobierno de Pedro Sánchez precisa en el Congreso. Para contextualizar la iniciativa, es preciso constatar que la medida sigue la estela de otras economías avanzadas de la Unión Europea, que ya han reducido de facto la jornada semanal en los convenios colectivos –pactados en el entorno de las 37,5 y las 38,5 horas– . Pero no es de aplicación general que el límite legal sea menor de las 40 horas, salvo en Francia y Bélgica. En realidad, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Foral de Navarra, en torno a la mitad de los trabajadores –el 40% en el caso navarro– ya disfrutan de convenios que reducen la jornada a esas 37,5 horas e incluso menos. La mayor dificultad corresponde a las más pequeñas de las pymes, cuya dimensión puede ser un lastre que amenace su sostenibilidad si no se flexibilizan las condiciones que se les exigen. Se trata de un colectivo muy importante del tejido empresarial y la media de trabajadores por empresa se mueve entre los 5 y los 6 empleados. La dificultad de aumentar la productividad en una estructura reducida, que compense la reducción de horas de actividad es una circunstancia no resuelta en los estudios previos ni en los test de implantación que se han llevado a cabo en otros países. El bienestar asociado al tiempo libre ha llegado para quedarse en las economías avanzadas y su articulación legal será necesaria. Acompañarlo de una implantación realista y no dogmática ayudará a consolidarlo.