Las gravísimas consecuencias del impacto de un fenómeno meteorológico extremo en el Levante peninsular apelan a buscar más que meras culpabilidades. Las vidas perdidas, los masivos daños causados, demandan un diagnóstico profundo, sincero y severo de las circunstancias que han redundado en estos efectos. Empezando por la dimensión de la tragedia y las capacidades procedimentales, materiales y humanas para evitarla, es preciso ser crítico en varias direcciones. En primer lugar, en el deber de las autoridades de asumir la protección de la ciudadanía. El grado de alerta anticipada fue suficientemente serio como para que se buscara asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Pero no está claro que las administraciones implicadas hayan anticipado los medios, los mecanismos y los protocolos para asegurar que las advertencias lleguen a destino y se apliquen las medidas de seguridad apropiadas a la gravedad de la amenaza constatada. La dana ha dejado en Valencia más del doble de muertes que el catastrófico huracán Milton en Florida este mismo mes. Los recursos públicos son fundamentales para lograrlo y los medios de protección civil, si bien no cabe pretender que estén dimensionados de oficio al nivel de situaciones catastróficas, sí deben contar con automatismos que favorezcan limitar los daños. El nivel de concienciación de la ciudadanía también juega un papel y este, con ser fundamental la responsabilidad individual, también es un papel a desempeñar por la administración. Las alertas se deben traducir en medidas –suspensión de actividades laborales, educativas o comerciales y desplazamientos– y, en ocasiones, esto choca con las limitaciones legales –como vimos en la pandemia– pero también con la voluntad de los gestores políticos de no asumir el coste de imagen de imponer restricciones a sus administrados. Hay quienes califican de alarmismo el celo en la prevención y alimentan una percepción impopular de esta, pero no están hoy ofreciendo explicaciones. Un diagnóstico sobre el grado de diligencia de la gestión es preciso, sin presuponer culpables, como lo será un análisis sobre la calidad de las infraestructuras. Y, de una vez por todas, liberar de debates interesados, asentar en criterios científicos y empíricos, los análisis y mensajes sobre el cambio climático.