El 45º aniversario del Estatuto de Gernika es ocasión más que oportuna para recordar que, pese a su reiterado incumplimiento por parte de los Gobiernos del Estado durante estas décadas, se ha acreditado como un marco útil para el desarrollo del autogobierno y, de su mano, del incremento del bienestar de la ciudadanía. Los datos que lo acreditan están a diario en los estudios independientes sobre calidad de vida, nivel salarial, cualificación formativa o capacidad de innovación y desarrollo industrial y tecnológico. Detrás de esta realidad hay un trabajo denodado y corresponsable para generar los recursos necesarios para el desarrollo del país y desarrollar una sociedad que ha reducido los desequilibrios, superado las profundas crisis y el coste social con los que partió en este camino en 1979. El autogobierno, la descentralización, el principio de subsidiariedad, acercando la administración a la ciudadanía, han acreditado su eficacia y acumulan argumentos más que sobrados para descartar de inmediato los relatos interesados que animan a mermarlo, a contenerlo o a someterlo a intereses ajenos a los de los entornos sociales, económicos y culturales a los que da marco legal. El autogobierno debe ser ejercido para ser útil; la especificidad que otorga el marco foral y su plena integración en la legislación del Estado no han sido fáciles de obtener y desarrollar y no debe ser castrada por la coyuntura. Es alarmante asistir al señalamiento y reproche constante de la especificidad fiscal propia desde quienes no asumirían nunca la responsabilidad de renunciar a cargar sus necesidades en la solidaridad ajena, como sí hacen los modelos del Concierto y el Convenio. Pero no resulta menos preocupante la disposición de algunos políticos –ayer mismo el secretario general del PSE– a someter los intereses de la ciudadanía a la que representan a una conveniencia política ajena. La autonomía fiscal es un principio que no admite excepciones por interés; establecer nuevos impuestos en el Estado con fórmulas –tasas– que impidan ejercerlo en favor de la administración general sería una agresión. Y sostener que todo lo que escapa de esa homogeneización es dumping fiscal es irresponsable y desleal. Por ese debate ya pasamos hace décadas y tampoco entonces priorizaron el interés de sus votantes quienes lo fomentaban.