No hay aún una decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya pero la mera solicitud del fiscal de que se dicten órdenes internacionales de detención contra los líderes de Hamás y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, supone un hito de efecto dominó en varias direcciones. En primer lugar, por supuesto, en dirección al Tribunal, que afronta la valoración de la petición sometido a presiones de todo tipo. Acogerla supondrá una acción restrictiva de los movimientos internacionales de los señalados, en tanto todos los países firmantes del tratado que naturaliza la actuación de la CPI están obligados a cumplir la petición de arresto, aunque Israel y Hamás no estén adheridos a ella. En sentido contrario, para descartar la petición del fiscal los jueces deberán argumentar con la misma profundidad y contundencia que el informe del fiscal para no dejar su criterio sometido a arbitrariedad o conveniencia por razones no estrictamente jurídicas. En segundo lugar, las eventuales órdenes de detención son una prueba para el compromiso de los estados con la propia CPI. Sin salir de Europa, no son pocos los que mantienen una adhesión a la causa israelí y se han mostrado hasta la fecha laxos en la condena de los excesos de su gobierno.
Reducir el compromiso con la Corte de La Haya sería desactivarla de facto. Un nudo diplomático complicado de gestionar en muchos de ellos. Una tercera vertiente del asunto está en la identificación equivalente de la criminalidad de las acciones de atentados y secuestros practicados por Hamás y de la reacción brutal del Gobierno israelí contra la población civil palestina de Gaza y su expansionismo unilateral en Cisjordania. Jurídicamente, la gravedad de los delitos no está exclusivamente asociada a su dimensión. Si Hamás causó más de 1.000 víctimas –muertos, heridos y secuestrados–, el ejército hebreo lleva causadas decenas de miles, pero la naturaleza del crimen en ambos casos es de lesa humanidad, contra la población civil, de manera indiscriminada y con ensañamiento. La reacción también es equivalente en tanto la organización palestina y las autoridades israelíes reprochan al fiscal que les meta en el mismo saco. Supuran justificación de la brutalidad propia en ambos casos y retratan su nula voluntad de salir del bucle sangriento.
