La elaboración y tramitación de la ley de amnistía está volviendo a poner en evidencia la batalla entre los poderes legislativo y judicial en el Estado español. “Con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas”. Esta contundente declaración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta al rechazo en el Congreso de los Diputados por parte de Junts –junto a PP y Vox– a la aprobación de las enmiendas que pretendían blindar la norma pactadas con el PSOE tiene un evidente valor político pero no garantiza –fundamentalmente, porque no puede hacerlo– que la amnistía salga adelante ni que produzca los efectos que pretende. La larga negociación de los términos en los que debe plasmarse la ley para acoger y beneficiar a todos los independentistas condenados o imputados tras la nefasta judicialización del procés está teniendo una inmediata respuesta por parte de los jueces, en especial de Manuel García-Castellón. A cada paso que suponía algún nuevo acuerdo entre PSOE y Junts, el magistrado ha ido tomando decisiones que torpedeaban los efectos que buscaba la norma. El magistrado, que instruye el denominado caso Tsunami desde hace cuatro años, ha incrementado su actividad sobre el asunto de forma paralela a la gestación de la ley, primero introduciendo el elemento del “terrorismo” aplicable a Carles Puigdemont –lo que dejaría al expresident fuera de la amnistía– justo durante las primeras conversaciones y después ampliando el posible delito aduciendo un “ánimo homicida” en los CDR e incluso fabulando una acción contra Felipe VI. La última pirueta ha sido alargar seis meses la causa y añadir atentados “al derecho a la vida” que nadie ha visto durante el procés pero que haría inaplicable la amnistía a Puigdemont y a otros imputados ante la enmienda que excluye los actos de terrorismo. Todo ello, junto a otras “injerencias” –según el PSOE– como la irrupción del juez Joaquín Aguirre con la trama rusa, e introduciendo en delito de traición, suponen un tsunami judicial contra la ley de amnistía que, además de retratar a la justicia española, pone en jaque al Gobierno ante el peligroso enroque de Junts y al que las fuerzas políticas deberán responder con diálogo e inteligencia. l
