La migración parece ser el elefante en la habitación de las políticas públicas, no solo en el Estado español, sino a nivel europeo y global. Se trata de un fenómeno creciente, complejo y que parece inabarcable e irresoluble para las diferentes administraciones, incapaces de abordarlo de manera eficaz, coordinada y asumible desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, en especial en lo que se refiere a la denominada inmigración irregular. El balance del pasado año 2023 resulta revelador. Si bien en los últimos años las costas de Italia y Grecia han vivido una alta presión migratoria irregular dada su proximidad a las costas africanas, el Estado español se ha convertido ya en el segundo país de la Unión Europea que contabiliza mayor número de personas que entran fuera de los cauces legales a través de las fronteras establecidas. El pasado año, esta inmigración irregular ha crecido nada menos que el 82% en el Estado, principalmente debido a la llegada de cayucos a Canarias, una ruta que está creciendo de manera exponencial, ya que se ha registrado la entrada de 40.000 personas a sus costas, un 154,5% más que el año anterior. A estos hay que añadir también la llegada de más de 15.500 personas que arribaron a Baleares y la Península, un 20% más. A todo este contingente hay que añadir el constante flujo migratorio en el Mediterráneo central, una ruta especialmente peligrosa en la que solo en los últimos días de 2023, al menos 73 personas murieron en dos naufragios ante la actitud entre displicente y cómplice de las autoridades italianas lideradas por la ultraderechista Giorgia Meloni. Europa necesita una nueva política migratoria, legal, respetuosa con los derechos humanos, unificada, solidaria y eficaz. La fuerte presión de la ultraderecha en todo el mundo está llevando a la migración, el asilo y el refugio –derechos reconocidos internacionalmente– a una inaceptable equiparación con lo delictivo. El reciente pacto sobre migración y asilo alcanzado en el seno de la Unión Europea, calificado como “acuerdo histórico”, busca aunar normas que fijen un equilibrio entre la solidaridad con los países con mayor presión migratoria, como el Estado español e Italia, con la responsabilidad del resto de socios. Una tarea que llega ya tarde y que precisa de mayor liderazgo político y de una impositiva contundencia.
