En poco más de quince meses, la ciudadanía chilena ha rechazado dos propuestas de reforma constitucional con independencia del sentido ideológico dominante que inspiraban los proyectos. Si en septiembre del año pasado los chilenos rechazaron una propuesta de reforma considerada progresista por la mayoría de sensibilidades de izquierda en el Consejo Constitucional habilitado para desarrollar la propuesta, el domingo tumbaron una revisión de la carta heredada de la dictadura de Augusto Pinochet cuya clara inspiración neoliberal y cuasiconfesional bebía de la mayoría de las derechas. El proceso constituyente que se puso en marcha cuatro años atrás en Chile para responder a los graves disturbios sociales contra el gobierno de Sebastián Piñera –uno de los valedores de la reforma ahora rechazada– se cierra en falso tras oscilar entre mayorías políticas cuya impronta en las propuestas constitucionales ha sido igualmente descartada por una sociedad abiertamente polarizada. Polarizada pero que ha vuelto a dar un ejemplo de civismo que deja atrás el temor al enfrentamiento social que en 2019 hizo estallar la calle. La paradoja del mantenimiento del texto normativo aprobado durante la dictadura tiene explicaciones que conviene poner de relieve para evitar interpretaciones erróneas. La norma ha dejado de ser un calco del modelo de país de la Junta Militar presidida por Pinochet. En los últimos 40 ha sido sometida a cerca de 70 reformas parciales de su articulado que han adaptado al régimen democrático las bases del Estado y que incorporaron el reconocimiento de derechos no recogidos. La imperfección permanece en diversos puntos pero hoy es un texto que, siendo originario de la inspiración ultraderechista de aquel régimen, incorpora la firma del presidente socialista Ricardo Lagos tras las reformas que su Gobierno introdujo en ella hace ya 18 años. Pero, con una economía en la que persisten diferencias graves que se acrecientan cuando se ralentiza, una inseguridad que castiga a los sectores más empobrecidos y unos servicios públicos sometidos a tensión por falta de inversión o por el arrastre de los errores en las privatizaciones del modelo sanitario, la respuesta buscada mediante la herramienta constitucional no ha servido de placebo para encarar los problemas de Chile.
