La dispar situación del euskera en el conjunto de los territorios vascos ha mejorado muy sensiblemente en todos los aspectos –uso de la lengua en los diversos ámbitos, normalización, prestigio social y número y edad de hablantes– pero dista aún de ser la ideal. La institucionalización del país ha permitido en los últimos 40 años avances muy importantes gracias a un extraordinario esfuerzo colectivo del que ha participado muy activamente la propia ciudadanía y pese a los impedimentos de todo tipo, incluidos los legales y normativos, establecidos por fuerzas de la derecha y la izquierda más españolistas conjuradas para impedir lo que consideran el inexistente arrinconamiento del castellano. Estos progresos en la extensión del euskera están ahora de nuevo en riesgo. Ello supone un peligro objetivo para una lengua minorizada como la nuestra y, en consecuencia, para su supervivencia. A la tradicional ofensiva mediática y política contra el desarrollo del euskera que ha tenido lugar durante décadas se le ha añadido en los últimos meses un nuevo flanco, el judicial, de alto impacto social y que incide directa y negativamente en las políticas públicas de las administraciones en su obligación de responder a las demandas de la ciudadanía respecto al uso de la lengua vasca. La veintena de sentencias de distintos tribunales dictadas en menos de dos años contra normativas puestas en marcha por diferentes niveles institucionales vascos no dejan lugar a dudas sobre que se trata de una actuación sistemática dirigida a frenar lo que el poder judicial considera un exceso en la normalización y uso del euskera y a priorizar la defensa del castellano, como si este fuera un idioma asediado o en riesgo. Esta visión interesada está fuera de la realidad. El impulso al euskera como lengua minorizada durante décadas ha tenido lugar con total consenso social y absoluto respeto al castellano. De ahí que a la hora de valorar jurídicamente una norma relativa al idioma se deba tener en cuenta el conjunto de sus circunstancias y de los principios y derechos ciudadanos –donde, en todo caso, el derecho que no se respeta es el de los euskaldunes a expresarse y vivir en su propia lengua– y que el poder público es responsable de salvaguardar y equilibrar aquellos que están en situación de debilidad. Y este no es el caso del castellano ni en la CAV ni en Nafarroa pero sí del euskera.