La anunciada reflexión de la coalición EH Bildu por la inclusión de 44 condenados por pertenecer a ETA –siete con delitos violentos– en sus listas electorales debería ser rápida, pública y sincera. No empezó con buen pie ayer en una declaración en la que se sugería que la retirada de los siete nombres más polémicos no es iniciativa de la coalición sino de los propios implicados, ni se vistió con la debida credibilidad al intentar dirigir la atención a una presunta “campaña de acoso y derribo” desde la derecha española, en palabras de Arnaldo Otegi, y no al error táctico y el desprestigio ético de la decisión de incluirlos a despecho del dolor de sus víctimas. El movimiento apunta a una decisión táctica fruto de una mala medición de las consecuencias de su iniciativa más que a la debida reflexión ética pendiente en la coalición que capitanea Sortu. Los mensajes resultaron ayer suficientemente ambiguos y descoordinados como para no aportar la firmeza de la convicción. La izquierda independentista debería aclarar si pretende hacer pasar el origen de la polémica por una campaña orquestada por intereses ajenos a la coalición y la retirada de los nombres, unilateral y no decidida por EH Bildu –como sostuvo Arnaldo Otegi al señalar a otros partidos y agradecer la decisión de los condenados– o bien, en palabras de Iker Casanova, el resultado del proceso de configuración de los listados fue “no adecuado”, “ha resultado hiriente” y EH Bildu ha considerado oportuno que estas personas se retiraran. El doble lenguaje vuelve a primar la imagen de la marca sobre el compromiso práctico y ético, no meramente retórico, de construir la convivencia. Como mínimo, la dirección de la coalición ha pecado de omisión en la configuración de las listas y es legítimamente cuestionable que nadie cayera en la cuenta de la herida que la visibilidad adquirida por los condenados en sus municipios iba a ocasionar a sus víctimas. De haber sido sólo eso, conllevaría constatar la carencia de sensibilidad sincera hacia ese dolor. Pero la oferta electoral es plena y compartida por una estructura política y promover como representantes de la sociedad a determinados perfiles es una reivindicación de facto de su trayectoria, acción y representatividad política, que siempre ha estado en el argumentario justificativo de las acciones violentas hasta la desaparición de ETA.