Doce años después de que NOTICIAS DE GIPUZKOA publicara una extensa investigación que desveló las graves irregularidades que cometió desde la Alcaldía en un ámbito como el de la cooperación internacional, la que fuera alcaldesa socialista de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, ha reconocido, por fin, que prevaricó y malversó fondos públicos a través de organismos municipales que gestionó sin control jurídico y respondiendo únicamente a sus propios intereses. Las partes en litigio han llegado a un acuerdo de conformidad en vísperas de que la causa entrara en fase de juicio oral. La reciente reforma del Código Penal sobre el delito de malversación, pensada para los condenados del procés, ha sido la vía para que Urchueguía eluda la pena de prisión. A pesar de reconocer que malversó dinero de los lasartearras en la concesión de las ayudas solidarias que el Ayuntamiento concedía a la localidad nicaragüense de Somoto, con la que estaba hermanada, no se ha podido demostrar que hubiera lucro personal. El pacto entre las partes contempla un castigo de 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una multa de 2.160 euros que tendrá que ser ratificado en sede judicial por la propia acusada, trámite que se espera ocurra en las próximas semanas. El primer indicio de este escándalo se remonta a 1997 cuando el interventor municipal llamó la atención de irregularidades en la oficina receptora de los fondos públicos de Nicaragua. Para eludir esta supervisión, la entonces alcaldesa, que gobernó la localidad con mayoría absoluta durante 24 años, asumió el control total del programa de ayudas para manejar sus fondos a su antojo y sin rendir cuentas del reparto del dinero (en torno a dos millones de euros entre 2000 y 2010). El escándalo salió a la luz gracias a la exhaustiva y rigurosa investigación de este periódico, que no cejó en su empeño por llegar al fondo de las irregularidades pese a las dificultades, ataques y señalamientos que sufrieron sus periodistas y sus informaciones desde sectores muy cualificados del PSE, que optaron por arropar a su compañera en lugar de participar en esclarecer la verdad de una gestión pública delictiva. El caso Urchueguía es una nueva demostración del papel esencial de los medios de comunicación en una sociedad libre y democrática, tanto como garantes de la libertad de expresión como en el control de los poderes, tanto públicos como privados, en beneficio del bien común.