La reconducción de la crisis político-judicial que afecta a Catalunya y su relación con el Estado encuentra nuevos sobresaltos en tanto se ve condicionada por la actuación de los tribunales. La visita de la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, con su arresto televisado y posterior liberación, permite constatar el doble bucle que dificulta una estrategia clara de resolución. Por una parte, la detención de la eurodiputada para el formalismo de una simple comunicación de la acusación de desobediencia alimenta la percepción de exceso en el celo judicial en tanto se aplica a un delito que no conlleva prisión, que se aplica con base en una orden internacional de arresto del Tribunal Supremo cuya oportunidad cabe debatir y que se dirige a una parlamentaria que no ha perdido su inmunidad y cuya actividad pública y accesibilidad para recibir la comunicación por otros medios no parece en cuestión. Pero, además, la visita de Ponsatí a Catalunya es consecuencia, como ella admitió, de la reforma penal que desactivó el delito de sedición y coincidió con la vista, ayer, contra la también exconsellera Meritxell Serret en el Superior de Justicia de Catalunya por el mismo cargo. Este ha sido el marco que retrata la diferenciación de estrategias que divide al independentismo. La fórmula de la confrontación y desobediencia que defiende JxCat se alimenta de la escenografía de la persecución judicial mientras reprocha a ERC la suya de canalizar hacia el diálogo el choque con el Estado. Por el camino se profundiza en el antagonismo no oculto que ha enterrado en el pasado la acción compartida del procés, que no logró materializarse más allá del enunciado de una voluntad. El pulso por el liderazgo del independentismo se está transformando en una divergencia de pura adaptación política al momento, donde quien gobierna reconduce la retórica hacia el ejercicio práctico de la gestión y quien no lo hace eleva el tono del desafío emocional. Ponsatí se beneficia de un cambio de panorama judicial motivado por una negociación política, en la que su partido no ha participado y le gira la factura al Gobierno de Pere Aragonès, que ha abandonado la confrontación a la que animaba en el pasado aún reciente, cuando no lideraba el Govern. La agenda divergente de ambos partidos no augura una etapa resolutiva próxima.
