Ninguna de las acusaciones públicas y publicadas contra el exconsejero Jon Darpón y contra el equipo directivo de Osakidetza en el caso de las OPE filtradas se ha sostenido con hechos objetivables o indicios suficientes para que el ámbito judicial considere, en primera instancia ni en recurso a la Audiencia Provincial de Araba, imputar a los arriba citados. Las acusaciones realizadas en primer lugar mediante denuncias públicas por parte de partidos políticos de la oposición y sindicatos representados en Osakidetza debían traducirse, para adquirir visos de realidad, en un procedimiento reglado que justificara algo más que el linchamiento político al que se vieron sometidos durante meses los ahora exonerados. El descrito por algunos como caso Osakidetza –nomenclatura intencional dentro de una estrategia orientada al desgaste de la administración vasca a través del cuestionamiento de un servicio público que, aún hoy y pese al incuestionable impacto de dos años de pandemia, sigue siendo puntero en relación a sus equivalentes del entorno– ha dado lugar a largas diatribas parlamentarias, ruedas de prensa sindicales y análisis mediáticos en los que el denominador común, con independencia del debido esclarecimiento de lo sucedido, fue un discurso de descrédito de las personas a las que se señaló. Las debidas garantías de un procedimiento judicial son el fiel de la balanza entre la legítima denuncia de una presunción de ilegalidad y la legítima protección de la integridad individual y colectiva mientras no se acredite una práctica delictiva. Descartada esta por dos instancias judiciales, lo lamentable, más allá de la dilación del proceso y la dificultad para impartir justicia a los perjudicados por el caso, es la pretensión de continuar manejando el asunto en términos de interés político. Se han invertido muchos esfuerzos en crear un estado de ánimo beligerante contra la gestión de Osakidetza y sus administradores y, ahora, uno de los emblemas del discurso es difícil de abandonar para algunos. No es aceptable el tono de la valoración que realizó ayer el sindicato LAB que, frente a una decisión de la Audiencia contraria a sus intereses, insistió en simular la existencia de delitos de asociación ilícita, fraude o prevaricación, contra la evidencia que los descarta. Cuando se acredita la falta de veracidad de un relato, persistir en él es una mera insidia.