El balance del año de gestión por parte del Gobierno Vasco de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi tras la largamente esperada transferencia de la competencia bascula entre la razonable satisfacción por los avances realizados y las sombras por la realidad de la complicada herencia recibida, caracterizada por las fuertes carencias para la implantación de un nuevo modelo propio y diferenciado en las cárceles, objetivo considerado irrenunciable por el Ejecutivo. En estos doce meses, la gestión de las prisiones ha estado en el punto de mira del rifirrafe político, por intereses partidistas alejados de la realidad penitenciaria. Cualquier movimiento habitual que en otro entorno no tendría mayor transcendencia –acercamientos de reclusos a cárceles vascas, progresos de grado, regímenes de semilibertad, etc.– han sido vistos por algunos sectores como una estrategia en beneficio de los reclusos de ETA. Este enfoque falso e interesado ha distorsionado por completo el análisis y corre el riesgo de desdibujar o diluir los objetivos y retos planteados, suficientemente complicados. Los datos hablan por sí solos: apenas uno de cada veinte presos que han accedido al tercer grado en este año –un total de 457– son de ETA. Asimismo, la instauración del nuevo modelo penitenciario vasco, más humano y centrado en el horizonte de la reinserción, se ha encontrado con la dificultad añadida del legado que encontró el Gobierno Vasco, con importantes carencias tanto en infraestructuras como en cuanto al número de personal. Con todo, se han producido claros avances en el objetivo de la reinserción, como la puesta en marcha de la Agencia Vasca de Inserción Laboral o la habilitación de pisos para reclusos sin recursos. Asimismo, en breve se anuncia el arranque de un ambicioso y positivo proceso de justicia restaurativa entre víctimas y victimarios. Transcurrido este primer año, se abren importantes retos en esta materia, bajo la convicción de que el nuevo modelo necesitará aún tiempo para su implantación. Entre estos desafíos está la constitución del sistema de gestión penitenciario propio, la puesta en marcha del plan de infraestructuras y el incremento de personal, quizá uno de los problemas más urgentes y que en breve puede entrar en fase de primera resolución mediante una bolsa de trabajo a la que ya se han presentado más de 800 solicitudes.