Las recientes sentencias de conformidad que han tenido lugar en dos casos graves de agresión sexual en el Estado han generado una justificada alarma social ante la generalizada sensación de desamparo hacia las víctimas y de impunidad para los agresores. En ambos casos, conocidos en las últimas semanas, los acuerdos alcanzados entre las Fiscalías, las acusaciones particulares y las defensas de los inculpados han supuesto una muy sustancial rebaja de la pena prevista. En el proceso a dos policías de Estepona que abusaron de una joven de 18 años, se pasó de la petición inicial de 30 años de cárcel a una sentencia de solo dos, sin ingreso en prisión a condición de que los agresores realicen un curso de reeducación sexual, y una indemnización. Las sentencias de conformidad fruto de acuerdos entre las partes son habituales en los pleitos judiciales ordinarios. Se basan, fundamentalmente, en que los acusados reconocen y asumen el delito cometido y aceptan por ello una pena, generalmente rebajada. Las víctimas, por su parte, suelen buscar mediante estos pactos una rápida resolución de procesos que se alargan en exceso y evitar un juicio que puede ser muy intrusivo en su intimidad y que les obliga a revivir acontecimientos traumáticos y que resulta, por ello, revictimizante. Sin embargo, estas sentencias de conformidad referidas a casos de agresión sexual o violación no son tan conocidas y resultan ciertamente chocantes. Estos fallos trasladan a la sociedad en general un mensaje de impunidad de los agresores. Aceptar los hechos no significa su repudio ni la autocrítica sobre el daño causado a la víctima, ni tampoco la asunción de la responsabilidad, ni hacia la mujer agredida ni hacia la sociedad. Parece obligado un replanteamiento del sistema, sin perjuicio del derecho tanto de las víctimas como de los victimarios a alcanzar acuerdos, que en todo caso deberían ir más en línea con los principios y prácticas de la justicia restaurativa que con la punitiva, aun con penas rebajadas. Ello obligaría a varias reformas que parecen, en cualquier caso, ineludibles. En primer lugar, es cada vez más urgente introducir la perspectiva de género en la justicia, así como la adecuada formación de jueces y fiscales. Además, parece razonable incluir mecanismos más exigentes respecto a los pactos de conformidad para evitar que conculquen el derecho elemental a la justicia y la reparación plenas.