La videoreunión de urgencia celebrada ayer por el Gobierno español con las comunidades autónomas ha dejado claro el fondo del antagonismo entre el Gobierno y el PP y la confrontación trasladada al ámbito institucional que ambos están dispuestos a mantener durante el año largo de legislatura que se anuncia. El encuentro no ha servido para modificar un ápice la iniciativa por decreto del Gobierno español pero sí abre la puerta a que los próximos movimientos en el mismo sentido, a partir de octubre, se hagan sin la precipitación de esta, con la participación del resto de instituciones y con una base de consenso que sostenga las futuras medidas desde la cohesión sobre bases incuestionables y no sobre el sometimiento a decisiones unilaterales. Que el reto energético demanda una respuesta ordenada y coordinada está fuera de toda duda. Precisamente por ello, debería evitarse en el futuro la sensación de improvisación que ha determinado que las medidas anunciadas la pasada semana se vean sometidas a revisión por el propio promotor –modificando las temperaturas mínimas aceptables o identificando excepciones en sectores y actividades, todo ello apenas 24 horas después de presentar las fórmulas como de aplicación general e inamovibles–. Evitar reproducir el vaivén de mensajes redundará en favor de la credibilidad del propio gabinete de Sánchez. Como lo hará no someter a un criterio de mera exigencia e imposición las decisiones que deben ser compartidas. Revisar la experiencia de otras medidas que se han visto afectadas, cuando no anuladas por instancias jurídicas debería templar el ánimo de confrontación. Dicho lo cual, no es de recibo que cada reto que se presenta ante la gestión del Gobierno se convierta en un motivo de desgaste y confrontación electoralista. El ariete del PP ejercido desde la Comunidad de Madrid, su insumisión anunciada y la pretensión de marcar la agenda desde la oposición a través de las baronías populares no redundan en el interés de la ciudadanía ni en las obligaciones con la eficiencia energética ni en la sostenibilidad de la actividad económica y el medio ambiente. La precampaña no solo se hará excesivamente larga sino que puede generar un coste en la calidad de vida ciudadana si el enroque de posturas ideológicas o políticas acaba primando sobre la obligación de actuar con racionalidad, responsabilidad y respeto interinstitucional. l