La tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez está dando lugar a una polémica política muy poco edificante, artificial y que busca no solo torpedear la ley –y con ello al Ejecutivo– sino evitar la necesaria y obligada mirada crítica hacia la historia reciente, y más en concreto al periodo de la transición. El apoyo de EH Bildu que ha permitido la aprobación del dictamen de la Ley en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados está siendo interpretado por la derecha política y mediática y por los responsables de gobierno concernidos por posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la transición como un acuerdo con los terroristas y sus cómplices. La realidad es que el texto es fruto de pactos del Gobierno con sus socios que han permitido la incorporación de diversas enmiendas, sobre todo de PNV y EH Bildu, que han mejorado y enriquecido la ley. La formación jeltzale, por ejemplo, ha incorporado medidas como la restitución a personas naturales o físicas de carácter privado –como partidos y sindicatos– de material incautado por el franquismo, así como el derecho de acceso a fondos documentales que ahora impide otra ley, la de Patrimonio Histórico. La enmienda de Bildu que ha levantado la polvareda, por su parte, se limita a prever la constitución de una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta finales de 1983, lo que incluye un periodo del primer gobierno de Felipe González, momento en el que comenzaron las actividades terroristas del GAL. Este hecho y la oposición y hostilidad absoluta de la derecha a la memoria histórica y de exmandatarios de aquella primera época a que se cuestione la no tan “modélica” transición son el verdadero motivo de esta campaña contra la ley. La realidad, sin embargo, es que la nueva norma no abordará la investigación judicial de hechos más allá de 1978. Se trata, por tanto, de evitar precisamente lo que de valor tiene la memoria democrática: la revisión crítica del pasado, la autocrítica y la búsqueda de la justicia y la reparación de las víctimas con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder graves vulneraciones de derechos humanos. Parece que la verdadera memoria democrática estorba siempre si cuestiona las actuaciones propias. Esto es, mala memoria.