Torres resalta el acuerdo estatal del SMI y apuesta por el diálogo en Euskadi para un salario de negociación colectiva

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado el "acuerdo amplio" logrado en el Estado para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha reiterado su apuesta por "el diálogo y la negociación" para lograr un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi.

En este sentido, ha afirmado que la huelga general convocada en marzo es totalmente injustificada.

Valoración de la subida del SMI

En una rueda de prensa en Bilbao para presentar el balance de la Inspección de Trabajo en Euskadi correspondiente a 2025, Torres ha valorado la firma este lunes por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, de la subida del SMI en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

El consejero vasco ha destacado que la subida se realiza previa negociación y que existe un acuerdo amplio.

Huelga y negociación colectiva en Euskadi

Torres ha aludido a la reivindicación de los sindicatos nacionalistas por un salario mínimo propio en Euskadi y, tras recordar la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de desestimar la demanda contra Confebask, ha insistido en la apuesta del Gobierno Vasco por el diálogo como vía para establecer un salario mínimo de negociación colectiva.

Ha lamentado la situación de "bloqueo" y la próxima huelga general del 17 de marzo, señalando que fue "convocada a tres meses vista" y que "parece que el diálogo y la negociación quedan un poco al margen". A su juicio, la judicialización no era "una buena opción" y la huelga es "totalmente injustificada" y tampoco "unitaria".

Torres ha subrayado que "todo es posible" a través de la negociación colectiva, insistiendo en la necesidad de sentarse a hablar para lograr un mínimo dentro del ámbito del diálogo y la negociación. Según un estudio del Gobierno Vasco, el problema afectaría a un 3% de las personas trabajadoras, sobre todo a personas fuera de convenio, en convenios estatales, profesiones feminizadas y de poca cualificación, siendo un problema a trabajar para las autoridades.