El expediente abierto por la Comisión Europea a España da alas al BBVA para recurrir ante el Tribunal Supremo la intervención del Gobierno en la opa sobre el Banco Sabadell y la prohibición a una fusión en los próximos tres años, según coinciden distintas fuentes jurídicas.
El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la operación con la condición de que, si prospera, el BBVA podrá tomar el control del Banco Sabadell, pero tendrá que mantener las dos entidades separadas durante al menos tres años.
El Gobierno argumentó que imponía esta condición en aras del interés general para mantener el apoyo al crecimiento y la actividad empresarial, proteger a los trabajadores y a los clientes, o para lograr una cohesión territorial, entre otras razones.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo confirmó los compromisos establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que previamente había aprobado la potencial operación de concentración sujeta al cumplimiento de distintas condiciones por parte del BBVA para tratar de minimizar el impacto de la toma de control del Sabadell.
Nuevas reacciones
Desde un primer momento, el BBVA consideró que solo la CNMC estaba autorizada para imponer condiciones y, aunque esta operación en concreto se analizó en profundidad y la ley contempla que en esos casos el Gobierno puede opinar, desde el banco interpretaron que solo podría hacerlo para dar su visto bueno o incluso reducir las exigencias.
Frente a esta tesis, tanto el Banco Sabadell como el Gobierno consideraban que la ley permitía endurecer los compromisos pactados por el BBVA con la CNMC o imponer condiciones adicionales para proteger el interés general, razón por la cual el Ejecutivo impulsó una consulta pública inédita para recabar la opinión de terceras partes.
Sin embargo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, consideró que la Ley de Defensa de la Competencia no aclara si el Gobierno puede imponer nuevos compromisos con el argumento del interés general y explicó que "la ley ayuda poco" a aclarar este asunto.
Ella se inclinaba a pensar que fue diseñada para que el Gobierno pueda aprobar una operación que Competencia prohíbe. A modo de ejemplo, la CNMC podría rechazar la unión de dos empresas de defensa en un único mercado para evitar un monopolio, pero el Ejecutivo podría autorizar esa concentración en aras del interés general en un contexto de guerra.
La disparidad de criterios
Esta disparidad de criterios y el hecho de que finalmente el Gobierno impusiera la condición de que no haya una fusión entre las dos entidades aunque triunfe la opa es lo que ha hecho que el BBVA siga teniendo encima de la mesa la opción de impugnar la decisión del Ejecutivo.
Desde el BBVA declinaron hacer comentarios sobre sus planes a este respecto, pero el grupo que preside Carlos Torres lleva semanas barajando la posibilidad de recurrir la condición impuesta por el Gobierno y podría pedir incluso medidas cautelares para tratar que quedara en suspenso.
