Bruselas avala el veto del Gobierno central a la OPA húngara de Talgo

La Comisión Europea dijo ayer que la decisión del Gobierno estatal de rechazar la oferta del consorciopúblico privado húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo corresponde a España, y que no es necesario que el país la comunique a Bruselas.

“La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico”, señaló la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión.

Recordó asimismo que la legislación europea permite a los Estados miembros “restringir” la libre circulación en la UE sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque recordó que las medidas adoptadas deben ser “justificadas y proporcionadas”.

Por su parte, el portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, indicó que Bruselas no está al corriente de posibles contactos de la empresa húngara afectada con el Ejecutivo comunitario.

Agregó en cualquier caso que el Tribunal de Justicia de la UE es siempre el último auditor en caso de que haya una queja por parte de una de las partes.

La Unión Europea tiene en vigor desde octubre de 2020 un reglamento sobre Inversión Extranjera Directa (FDI) para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público, sin que por ello la UE deje de ser una de las zonas de inversión más abiertas del mundo.

La aplicación de esta normativa, actualmente en revisión para incrementar su eficacia, ha permitido a los Estados miembros tener mejor visión de las inversiones extranjeras en la UE y su impacto transfronterizo.

En todo caso, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas.

Opinión

La regulación también permite a la Comisión Europea emitir opiniones cuando una inversión amenace la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro, o cuando una inversión pueda socavar un proyecto o programa estratégico de interés para toda la UE, como puede ser la constelación de satélites Galileo.

Los casos que sólo implican inversiones de una o varias entidades establecidas en la UE no entran, en principio, en el ámbito de aplicación del reglamento, a menos que la empresa que realiza la inversión sea una disposición artificial que no refleje la realidad económica.

Una vez conocida la postura de la Comisión Europea sobre la OPA húngara a Talgo, el Gobierno central se pronunció para interpretar que esta respuesta avala las tesis que ha defendido para justificar su veto a esta operación.

Respaldo

Según fuentes del Ejecutivo estatal, la posición expresada por la Comisión Europea, “respalda” la actuación gubernamental, que el martes pasado vetó la OPA húngara sobre el fabricante español Talgo al entender que se dan razones “insalvables” de seguridad nacional. Bruselas ha dejado claro que “la prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros”, según la portavoz comunitaria Francesca Dalboni.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está a la espera de los próximos pasos que dará el grupo húngaro para decidir sobre el expediente de su OPA. Tras el veto del Gobierno, la CNMV no puede autorizar esta adquisición y ahora deberá esperar a que el oferente comunique si pide la retirada de la oferta o si, tal y como ha anunciado, recurre la decisión del Ejecutivo. A nivel legal, en España, el grupo húngaro podría presentar un recurso contencioso-administrativo, argumentando falta de proporcionalidad o insuficiencia en la motivación del veto.