El tira y afloja de Repsol con el Gobierno español en torno al impuesto que grava los beneficios de las energéticas coge vuelo y ya está en la fase de medir impacto. En este caso, la decisión de la petrolera de dejar en stand by la inversión en algunos de sus proyectos industriales en el Estado puede bloquear inversiones cercanas a los 1.500 millones de euros. La compañía reclama “condiciones estables y suficientemente atractivas” para garantizar la rentabilidad de las actuaciones y el choque tendría consecuencias económicas elevadas si no se resuelve. De un lado estaría la inversión que se queda en el tintero y de otro el empleo, los impuestos y la tracción a proveedores y a la economía general que se perdería.
El pulso entre la petrolera y el Gobierno central atrajo ayer a sindicatos y partidos afines, que cuestionaron la actitud de Repsol de “querer ganar a toda costa”. También cargaron en algún caso contra el Ejecutivo vasco, tras asegurar la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, el lunes en unas jornadas organizadas por Grupo Noticias en Bilbao, que “comprendía” la posición de la compañía.
Tapia se refería a la falta de estabilidad regulatoria –la prórroga de la tasa a las energéticas es parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, no es segura su aplicación– y pidió que se afine ese escenario para dar seguridad a las compañías. Un mensaje en el que ayer insistió el director general del Ente Vasco de Energía (EVE), Iñigo Ansola.
Proyectos afectados
En concreto, el posible impasse en la inversión de Repsol afectaría a los dos grandes proyectos en cartera de Petronor en Euskadi, como indicó el lunes su presidente Emiliano López Atxurra, y del conjunto del grupo en Tarragona y Cartagena. En Tarragona, Repsol cuenta con un megaproyecto, en alianza con Enerkem y Agbar, para construir una planta de valorización de residuos por un valor de 750 millones de euros. El proyecto, anunciado en 2021, permitiría a la planta tener una capacidad para convertir unas 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos no reciclables en aproximadamente 220.000 toneladas anuales de metanol que se transformará en plásticos renovables o biocombustibles avanzados.
También en Tarragona, la energética prevé instalar, dentro de la estrategia de conversión de sus polígonos industriales hacia la descarbonización, el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW), con una inversión de unos 300 millones de euros. Este proyecto se enmarca dentro del Valle del Hidrógeno de Catalunya y del Corredor del Hidrógeno del Ebro y se encuentra englobado dentro del consorcio Shyne, representando un impulso a la creación de clústeres en torno al hidrógeno renovable.
En Cartagena, otro de sus grandes centros industriales en el Estado, prevé la instalación de un electrolizador de 100 MW, con una inversión de unos 200 millones de euros. Tanto el proyecto de electrolizadores en Tarragona como en Cartagena han sido calificados como Ipcei (interés común europeo) y seleccionados por la Comisión Europea como proyecto innovador para recibir fondos dentro del programa Innovation Found.
En Euskadi, quedarían en el aire unos 250 millones destinados a la planta para producir combustible sintético a gran escala en el Puerto de Bilbao y el electrolizador de hidrógeno que generaría 100 megavatios en la refinería de Muskiz.
Fuentes de Repsol consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún tipo de estimación al respecto y se remitieron a las declaraciones realizadas por el CEO, Josu Jon Imaz, y López Atxurra. Mientras, otras compañías del sector, también afectadas por el impuesto, guardan silencio. En cambio, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, advirtió ayer de que hay que pagar impuestos, pero son demasiados la gente se marcha.
