Los sindicatos CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) denunciaron ayer que el Gobierno central está incumpliendo los plazos de ley para la entrada en vigor del fondo de compensación para las víctimas del amianto y que el Ejecutivo quiere otorgar indemnizaciones económicas inferiores a las que perciben otros colectivos en similares circunstancias.

En un comunicado, sindicatos y víctimas del amianto explicaron que el Gobierno sigue sin aprobar un reglamento para regular cuestiones “cruciales” para los afectados, excediendo del plazo de 90 días que fijaba la ley para su creación tras ser aprobada por el Senado en octubre de 2022.

Asimismo, denunciaron que el Gobierno central ha elaborado un proyecto de Reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “contradice” el espíritu de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, ya que, entre otras cosas, otorga unas indemnizaciones económicas “muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales”.

“Las cantidades propuestas en el proyecto son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la talidomida”, lamentaron.

También criticaron que las personas afectadas por el amianto tendrán que tributar en el IRPF por las indemnizaciones lo que, a su juicio, supone “profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría”.

Tildaron de “inaceptable” que dicho proyecto de reglamento no tenga en cuenta a los familiares de las víctimas fallecidas en los últimos años, ya que estas no tendrían derecho a las citadas indemnizaciones.

En el seno de Fedavica, UGT y CCOO mostraron “indignación” por estos hechos y pidieron al Gobierno en funciones que apruebe el Reglamento del Fondo de Compensación “sin más dilaciones”.